Vox llevará al Constitucional el fondo creado por el Govern para las multas del Tribunal de Cuentas

• Segundo Sanz @SegundoSanz
• Investigación e información parlamentaria
• • 07/07/2021 19:24
  • Actualizado: 07/07/2021 22:02

La dirección de Vox ha avanzado este miércoles que presentará ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra el fondo de 10 millones creado por el Gobierno separatista de Pere Aragonés para pagar las multas impuestas por el Tribunal de Cuentas a los cabecillas del procés. La formación de Santiago Abascal, la primera en anunciar esta iniciativa gracias a sus 52 diputados en el Congreso, recurrirá así el Decreto Ley 15/2021, de 6 de julio, de creación del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalidad de Cataluña.

Asimismo, dentro de esta ofensiva judicial, la tercera fuerza del país también presentará una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra el Gobierno catalán precisamente por la creación de ese fondo de 10 millones de euros para que los encausados por los gastos internacionales del proceso separatista, entre ellos el indultado Oriol Junqueras, no tengan que pagar las fianzas de 5,4 millones que les exige el Tribunal de Cuentas. Los delitos por los que se presenta la querella son prevaricación, artículo 404 del Código Penal, y malversación, artículo 252. El portavoz de Vox en el Parlamento catalán, Ignacio Garriga, avanzó dicha querella en la mañana de este miércoles.

De igual modo, y como tercera acción, el partido de Santiago Abascal denunciará a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas estos hechos a fin de que se adopten las «medidas oportuna»  contra el presidente del Gobierno catalán, Pere Aragonés, el consejero de Economía y Hacienda, Jaume Giró Ribas, y la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà.

A través de un comunicado, la vicesecretaria jurídica de la formación, Marta Castro, advierte que el delito de prevaricación «no sanciona la mera ilegalidad, sino la arbitrariedad». Es decir, supera la contradicción con el Derecho, y, por ello, la consideración de meras ilegalidades administrativas, sostiene la abogada.

«Existe intencionalidad clara de tratar de beneficiar a los miembros condenados por el Tribunal de Cuentas, cuando no pueden tener cobertura ni apoyo de la Generalidad puesto que la actividad de la que dimana el embargo y la causa de la solicitud de fianza es el ejercicio arbitrario y abuso de poder de los mismos», explica.

«Para un fin ilícito»

Junto a ello, Castro destaca que «si existe el procedimiento en el Tribunal de Cuentas es porque la actuación de los funcionarios y cargos públicos fue ilegal y deben reintegrar al erario lo que emplearon para un fin ilícito y contrario a derecho».

Además, la responsable jurídica de Vox recuerda que la Generalitat de Cataluña «es conocedora de los matices legales que les sitúan dentro de la comisión delictiva al dar cobertura y apoyo para eludir las responsabilidades derivadas que exceden la correcta actuación de los funcionarios públicos afectados». «Disponer cualquier apoyo o ayuda a los mismos es una desviación de poder y de recursos por causas arbitrarias», subraya Castro, según la nota emitida este miércoles.