La UE exigió a Sánchez hace un año un plan B al estado de alarma que ahora niega a las comunidades

España ya lleva más de un año de pandemia. En ese tiempo, el estado de alarma se ha aplicado durante 8 meses (en dos periodos). El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido que no lo ampliará. Pero España  es el único país que de la UE que no cuenta con un ‘plan B’ a este mecanismo. Bruselas urgió a todos los socios a que desarrollaran legislación ordinaria capaz de sostener legalmente las restricciones a los derechos de los ciudadanos. Lo hizo en mayo de 2020, pero Sánchez no ha hecho los deberes como el resto de los países.

Queda menos de un mes para que, según se ha comprometido el Gobierno, finalice el estado de alarma. Atrás habrán quedado seis meses ininterrumpidos de aplicación de este mecanismo constitucional diseñado para recortar derechos fundamentales en caso de situación grave de emergencia. Una herramienta sobre la que la UE advirtió severamente: las medidas deberían ser «menos intrusivas» y habría que buscarles acomodo en leyes ordinarias.

Bruselas avisó en posteriores ocasiones que el uso de medidas excepcionales debería ser limitado e instó a los países miembros a renovar sus legislaciones, adaptando las leyes vigentes para hacer frente a los brotes sin necesidad de recurrir a este instrumento. Todos los países se pusieron manos a la obra y los parlamentos nacionales comenzaron a dar luz a decretos para sustituir la alarma. Francia, Alemania, Polonia o Bélgica desarrollaron legislación específica para el control de la pandemia. Algo que no ocurrió en España. A día de hoy, es el único país sin ese ‘plan B’ a un estado de alarma que permite al Gobierno tomar medidas en base a lo que dicte el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Mientras, Gobiernos autonómicos -también socialistas- critican a Sánchez la imprevisión en cuanto a la normativa. A partir del próximo 9 de mayo, si finalmente cae la alarma, las regiones deberán solicitar a sus Tribunales Superiores de Justicia una validación de medidas para restringir la libertad de movimiento. Los cierres perimetrales están en entredicho.

Primer aviso en mayo

Esa advertencia ya la había lanzado un mes antes la vicepresidenta de la Comisión Europea responsable del Estado de Derecho, Vera Jourova. En pleno estado de alarma, Jourova avisó de que la salida del confinamiento debería llevar también a los Gobiernos a «reemplazar» progresivamente los estados de alerta y excepción decretados por el coronavirus por medidas «menos intrusivas».

También lo pidieron los jueces

De hecho, hasta los jueces españoles le han afeado al Gobierno de Sánchez la falta de legislación alternativa a la alarma. Así ocurrió con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que tumbó el confinamiento de Madrid el pasado octubre.

Decía, textualmente, que «resulta llamativo que ante el escenario sanitario descrito no se abordara una reforma de nuestro marco normativo más acorde con las confesadas necesidades de combatir eficazmente la pandemia del Covid-19 y afrontar la grave crisis sanitaria que padece el país, pese al consenso doctrinal existente acerca de que la regulación actual (…) resulta ciertamente deficiente y necesitada de clarificación», en relación con el estado de alarma de Pedro Sánchez.