La UE afea a Sánchez no actuar contra la corrupción en la financiación de partidos en plena ‘trama PSOE’

La Unión Europea ha afeado al Gobierno de Pedro Sánchez que «no se han tomado medidas» para reforzar la lucha contra la corrupción en «la financiación de partidos políticos» en plena trama del PSOE. Bruselas cataloga este ámbito como de «riesgo elevado». Y es que el club comunitario reprocha al Ejecutivo socialista que no se haya hecho nada para «reformar la legislación electoral» ni para «aplicar las recomendaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas».

El comisario europeo de Democracia, Justicia y Estado de Derecho, el irlandés Michael McGrath, ha firmado una respuesta parlamentaria por escrito en la que el Ejecutivo europeo ha manifestado su opinión sobre la lucha contra la corrupción en el seno de las formaciones políticas.

El Ejecutivo comunitario ha recordado que el Informe sobre el Estado de Derecho en 2025 ya «señaló que se está trabajando en la revisión de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que se han proporcionado más recursos para reducir la duración de las investigaciones y enjuiciamientos de la corrupción de alto nivel».

En ese sentido, valora que «se ha comenzado a tomar medidas» en ciertas materias. Concretamente, se destacan las acciones que el Gobierno ha llevado a cabo con la intención de «reforzar el régimen de los conflictos de intereses de las personas con altas funciones ejecutivas».

«No se han tomado medidas»

Sin embargo, son más críticos con el Gobierno por no afrontar las reformas legislativas para combatir la financiación ilegal de los partidos. «La financiación de los partidos políticos sigue siendo un ámbito de riesgo elevado», expresan. Y la Comisión Europea subraya: «No se han tomado medidas para reformar la legislación electoral y aplicar las recomendaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas».

Lo hace después de que Dolors Montserrat, portavoz del PP europeo, presentase una pregunta sobre la «corrupción y el Estado de Derecho en España». En su iniciativa, la política popular recordaba que «un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil» revelaba que el ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, habría recibido «pagos irregulares y opacos, presuntamente como sobresueldos con dinero en efectivo del PSOE por importes y conceptos no aclarados».

«Parte de estos pagos incluyó dietas exentas de tributación por un total cercano a 800.000 euros entre 2014 y 2024 para unos ingresos de 1,5 millones de euros, sin que consten documentos que justifiquen claramente estos gastos», señalaba Montserrat en su cuestión a la Comisión encabezada por la alemana Ursula von der Leyen.

Por todo ello, la política del PP se interesó por conocer si estos hechos «agravan la situación de corrupción y vulneración del principio de transparencia» a la que se sumaba el crítico Informe sobre el Estado de Derecho de 2025 relativo a España.

A su vez, plantea la posibilidad a la UE de «emitir nuevas recomendaciones» con el objetivo de «reforzar la supervisión del cumplimiento por parte del PSOE de las normas europeas de financiación política y transparencia de fondos». Todo ello para robustecer «la lucha contra el fraude y la corrupción».

Sobre la imputación de Ábalos, el Ejecutivo europeo rechaza emitir un juicio: «La Comisión no se pronuncia sobre casos concretos». «Los Estados miembros son responsables del mantenimiento del orden público en su territorio», subrayan desde la institución encabezada por Von der Leyen.

Pagos en metálico en el PSOE

La respuesta se ha publicado poco después de que Ismael Moreno, juez de la Audiencia Nacional que investiga la trama del PSOE, pidiera al partido que justifique todos los pagos en metálico de la etapa de Sánchez: entre 2017 y 2024. Lo hizo mediante una providencia a la que tuvo acceso OKDIARIO.

El instructor requiere a la formación del jefe del Ejecutivo que en el plazo de 10 días «facilite al juzgado relación de pagos en metálico efectuados y documentos en los que se soportan los mismos, durante el periodo de 2017 hasta el 2024 y, verificado que sea, se acordará lo procedente».

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 adoptó esta decisión a petición de la Fiscalía Anticorrupción, en cuyo informe solicitaba esta diligencia al considerar que «se han puesto de manifiesto una serie de conductas que pudieran ser calificadas» desde blanqueo de capitales pasando por un posible desfalco «cometido contra el partido, amén de otras eventuales irregularidades».