La UDEF cazó a Monedero y a Neurona porque la factura falsa fue emitida en domingo y sin receptor

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detectó que el ideólogo de Podemos Juan Carlos Monedero empleó una factura falsa para justificar el cobro de 26.200,31 € de la chavista Neurona Consulting SL, por las irregularidades que presentaba el documento entregado a la entidad bancaria. La factura fake fue emitida un domingo, aparece como la número 1 pese a que está fechada el 30 de diciembre y no tiene receptor.

En un informe de la UDEF, que obra en el sumario del caso Neurona y al que ha tenido acceso OKDIARIO, los agentes subrayan: «En enero de 2019 Juan Carlos Monedero recibe una transferencia de 16.200,31 euros desde México de la sociedad Neurona Consulting. Esta transferencia es retenida por la entidad bancaria, solicitando justificación de la misma».

Prosigue: «Un vez entregada (se observa) que reúne distintos indicios que inducen a pensar que se trata de una factura que ha sido elaborada ad hoc, y cuya emisión responde únicamente a dar una justificación a la mencionada transferencia bancaria».

El instructor del caso Neurona, que investiga a Podemos por presunta financiación irregular y delito electoral, amplía las pesquisas tras los nuevos informes de la Policía. Los investigadores han hallado un dato primordial para la causa: Monedero también cobró de la consultora chavista y camufló el pago en una factura falsa.

Los agentes llegaron a esta conclusión tras analizar el documento y señalan que «únicamente figura como el emisor de la misma, Neurona Consulting no figurando receptor, extremo obligatoria en toda factura». Además, según la factura, es Neurona Consulting quien la emite, y por tanto que ha prestado el servicio, y quien genera el ingreso, figurando que se ha de pagar a Juan Carlos Monedero, como efectivamente se ha hecho, lo que significa que éste ha tenido una relación contractual con Neurona Consulting.

La factura está fechada el 30 de diciembre de 2018, llamando la atención que dicho día corresponda a domingo. El número de la factura es la 1, a fecha de 30 de diciembre, lo que significa que hasta dicha fecha, a sólo un día de finalizar el año, no se han emitido más facturas, y por lo tanto no ha existido más actividad. El concepto es de «300 horas de consultoría presencial. Buenos Aires, Colombia y México». Los investigadores señalan que es «habitual en la emisión de facturas falsas utilizar conceptos de asesorías, siendo este servicio de difícil comprobación».

El Ministerio  Fiscal también ha destacado sobre la vinculación entre Neurona y Monedero «el cobro de este último de 26.200,61 euros en enero de 2019 desde la cuenta de la consultora, justificándolo con una factura de 30.000 dólares, la cual habría sido elaborada ad hoc, y que reúne suficientes indicios que hacen pensar que se trata de una factura falsa».

El también profesor de la Universidad Complutense de Madrid Juan Carlos Monedero figura en el sumario de más de 400 páginas al que ha tenido acceso este periódico. Los investigadores dibujan un clarificador esquema donde la empresa Neurona Consulting es el centro de la trama desde México. Desde ese país latinoamericano esta sociedad hace diversos pagos, entre los que destaca el que va hacia Monedero. También figuran pagos a Elías Castejón SL, la empresa del administrador único de la filial en España por 3.000 euros. Igualmente, hay derivadas del caso en Bolivia y Ecuador.

Cabe recordar que OKDIARIO fue el primer medio de comunicación en España que publicó el nombre de Neurona. En abril de 2019, este periódico destapó el caso al revelar que los morados estaban colaborando en su campaña electoral con esta consultora fundada en México y que había recibido múltiples contratos ‘a dedo’ de gobiernos latinoamericanos de izquierdas.

La consultora mexicana Neurona Consulting trabajó estrechamente con Juan Carlos Monedero y recibió, en particular, contratos del Gobierno boliviano de Evo Morales por 1,8 millones de dólares. Se trata de unos encargos por elaborar vídeos que la Justicia del país andino investiga por siete delitos económicos que suponen hasta ocho años de cárcel.