La UCO localiza 10 convenios empresariales que la asesora gestionó para Begoña Gómez desde La Moncloa

La Unidad Central Operativa (UCO) de Delincuencia Económica, en un nuevo informe, ha documentado al menos diez convenios empresariales en los que Cristina Álvarez, asesora contratada por el Gobierno de España en La Moncloa, actuó como intermediaria de Begoña Gómez en la gestión de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid.

El informe policial, fechado el 27 de septiembre de 2025 y que desvela OKDIARIO, analiza 121 correos electrónicos que revelan un entramado de gestiones realizadas en horario laboral por la asesora contratada por el Ministerio de la Presidencia con el objetivo de beneficiar los intereses privados de la esposa de Pedro Sánchez.

Los agentes han identificado comunicaciones entre abril de 2021 y junio de 2024 que evidencian la actuación sistemática de Cristina Álvarez como enlace entre empresas multinacionales y la cátedra dirigida por Begoña Gómez a pesar de no tener titulación universitaria oficial.

El vicerrector Juan Carlos Doadrio reconoció en sede judicial la naturaleza de esta colaboración: «Me la introdujo doña Begoña como una persona que la acompañaba de confianza de ella. Entonces yo escribía a Begoña Gómez a través de ella».

Entre los acuerdos más significativos figura el convenio con una gran plataforma de Internet, donde la asesora gestionó directamente el patrocinio tecnológico. En un correo del 7 de julio de 2022, solicitaba a Doadrio: «Por favor Mayte, prepáramela en papel con nuestro escudo para mandarla con mi firma». La empresa estadounidense acabó formalizando un acuerdo de colaboración tras meses de negociaciones coordinadas desde la asesora gubernamental.

El caso de Reale Seguros resulta especialmente controvertido por las cantidades involucradas. La aseguradora solicitó el 15 de julio de 2021 un certificado de donación por valor de 60.000 euros, habiendo declarado la Universidad esta contribución como una donación. Los correos revelan que Cristina Álvarez coordinó personalmente con Doadrio esta operación desde La Moncloa.

La investigación ha destapado además acuerdos con la Cámara de Comercio de España, donde el proceso de aprobación siguió igualmente cauces heterodoxos. El 20 de abril de 2022, desde la Cámara comunicaban: «Buenas tardes, Begoña. Ya tenemos aprobado el convenio por parte del Ministerio, así que cuando quieras hablamos de la firma. Un abrazo».

Los convenios con otras seis entidades (de grandes consultoras a organizaciones empresariales o fundaciones) completan la decena de acuerdos investigados. En todos ellos, Cristina Álvarez aparece como coordinadora de las gestiones, actuando como intermediaria entre las empresas y la cátedra universitaria.

El caso MINDWAY resulta paradigmático de este modus operandi. La asesora de Moncloa escribía el 16 de febrero de 2022: «A continuación, te remito el documento que nos ha pasado Mindway, y que te he comentado por teléfono para firmar con la Cátedra». Esta comunicación revela conversaciones telefónicas previas que no han quedado registradas en las comunicaciones oficiales.

La documentación policial constata que estas gestiones se realizaban «fundamentalmente, de asuntos vinculados a la cátedra dirigida por Gómez», según concluye el informe de la Guardia Civil. Los investigadores han identificado un patrón sistemático donde Álvarez actuaba como eslabón entre el sector privado y la institución universitaria.

Los correos evidencian además consultas sobre límites salariales para personal no vinculado al sector público, lo que apunta al temor de cometer irregularidades en las contrataciones realizadas por la cátedra. Una comunicación del 16 de abril de 2021 refleja estas inquietudes normativas que posteriormente no habrían sido respetadas.

La Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva se constituyó mediante convenio firmado en octubre de 2020, con el objetivo oficial de desarrollar investigación en transformación digital. Sin embargo, la realidad operativa divergía sustancialmente de estos propósitos académicos para centrarse en negocios con empresas privadas, según revela la investigación policial.

El informe de la UCO documenta que Doadrio mantenía una relación fluida con Begoña Gómez desde la firma del convenio fundacional: «Relacionar, nos relacionábamos. Ella venía a visitarme al despacho, debió venir cuatro o cinco veces, y luego casi todo era por correo, al principio con ella y luego a través de Cristina Álvarez».

La complejidad del entramado investigado trasciende el ámbito universitario para adentrarse en las conexiones entre el poder público y los intereses empresariales. Los correos analizados revelan una tupida red de comunicaciones que convirtió una cátedra académica en un vehículo de gestión empresarial, con Cristina Álvarez como figura central de esta presunta trama que ahora escrutinio la justicia con lupa forense.