La UCO dice que el ‘conseguidor’ de los ERE cobró parte de una ayuda a cambio de hacer sus trámites

Un agente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha afirmado en el juicio por el caso de los ERE, que el ‘conseguidor’ Juan Lanzas cobró un porcentaje del 15 por ciento de una ayuda sociolaboral concedida por la Consejería de Empleo a cambio de hacer los trámites para que desde la administración andaluza se concediera la citada ayuda.

Así lo ha explicado en el juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta por las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas y las ayudas directas a empresas en crisis en el marco de los ERE fraudulentos.

El declarante participó en diferentes atestados realizados por la Guardia Civil en la causa de los ERE, siendo instructor de dos ellos en los que se investigaban las ayudas sociolaborales y a empresas a Samec y Gres de Vilches. Así, ha explicado que el administrador de Samec declaró que tuvo conocimiento de las ayudas de la Junta para pólizas de prejubilación para trabajadores a través de un conocido del ex sindicalista Juan Lanzas, quien le transmitió que la obtendrían «siempre que se hiciera a través de Lanzas».

Por su parte, ha indicado que en Gres Vilches se conocieron las ayudas por parte de Jesús Bordallo, ex trabajador de la mediadora Vitalia. «Las ayudas vinieron a través de estas personas», ha comentado a este respecto.

El agente, que ha actuado de secretario en otros atestados como el entregado al Tribunal Supremo sobre la implicación del ex consejero de Presidencia Gaspar Zarrías en los ERE o sobre el entramado de los empresarios de la Sierra Norte Rosendo y Sayago, ha reconocido que ha tenido conocimiento del pago de empresarios a terceras personas ajenas a la Junta.

Así, ha declarado que Samec realizó un contrato de colaboración con Lanzas, quien consiguió la ayuda, a cambio de que éste hiciera todos los trámites para la concesión de la misma y por ello se le cedía el 15 por ciento de ésta, lo que suponía «unos 500.000 euros» para el ex sindicalista.

«No había comprobación»

Sobre la operativa de la Dirección General de Trabajo en el procedimiento de concesión de ayudas, el declarante ha señalado «no había petición formal de la ayuda, ni comprobación de requisitos de los trabajadores, ni memoria justificativa». Tampoco había en los documentos que manejó en la investigación un seguimiento de las ayudas concedidas.

El agente, que ha reconocido la presencia de intrusos en Samec y Gres Vilches, ha indicado que en la investigación ha manejado órdenes de pago de las ayudas firmadas por Juan Márquez y con el visto bueno del viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, así como documentación sobre impagos de la Junta respecto a las cantidades comprometidas en la concesión de ayudas.

El siguiente en declarar este miércoles como testigo ha sido Juan Manuel Domínguez Gómez, jefe de servicio de Relaciones Colectivas de la Consejería de Empleo desde 1982 hasta 2009, centro directivo dependiente de la Dirección General de Trabajo.

Sus manifestaciones se han centrado en la gestión de las ayudas previas a la jubilación ordinaria que concedía la Junta al amparo de la Orden Ministerial de 1994 con fondos estatales. El trámite se iniciaba a través de la solicitud presentada por la empresa ante la Delegación Provincial, quien pedía autorización al director general de Trabajo para su concesión. En la solicitud se recogía una serie de requisitos como listado de trabajadores afectados por un ERE, DNI y vida laboral, entre otros, a efectos de poder determinar su aceptación y las cantidades a abonar.

La Junta aportaba el 60 por ciento de la ayuda, a través de los fondos estatales, y el 40 por ciento restante la empresa, que a su vez debía prestar garantía de pago ante la Tesorería General, que en última instancia era quien abonaba las ayudas. Antes de mandar la concesión de las ayudas a la Tesorería para su pago, debía remitirse a la Intervención Delegada en la Consejería para que lo autorizara.

Ha reconocido que no tiene constancia de que en la Dirección General de Trabajo se dieran otras ayudas sociolaborales ni ha tramitado ayudas distintas a las previas a la jubilación ordinaria, así como tampoco fue informado del convenio marco firmado en 2001 entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) para el pago de las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis.

Este testigo, que ha manifestado que no tuvo dudas de que se estuvieran haciendo cosas «ilegales ni de apariencia de ilegalidad», ha indicado que el ex diputado socialista Ramón Díaz y María José Rofa trabajaron en la Dirección General de Trabajo como «asesores» externos en materia de ayudas.

«Más ágil» por no tener intervención

En la sesión de tarde ha sido el turno de declarar como testigo del ex presidente del IFA Salvador Durbán, quien ostentara el cargo durante ocho años, hasta mayo de 2001. El declarante, que se encuentra como investigado en una de las piezas separada de los ERE, ha indicado que era habitual la firma de convenios de colaboración con la Consejería de Empleo y con otras consejerías, ya que el instituto era «más ágil», en concepto temporal, que la Junta, ya que al estar sometido al derecho privado no contaba con intervención sino con controles a posteriori como una auditoria externa, la Cámara de Cuentas y el Parlamento. Al hilo de esto, ha subrayado que ninguna actuación del IFA tenía fiscalización previa.

Sobre estos convenios, la fórmula de articular la colaboración entre consejerías e IFA, Durbán ha señalado que le venían redactados desde las propias consejerías por lo que no conocía su génesis. Antes de su firma, los remitía a la asesoría jurídica del IFA para que dijera si lo propuesta entraba dentro de sus competencias y si había presupuesto para ello.

En este sentido, ha asegurado que el IFA no pagaba nada para lo que no se contara con respaldo económico de la consejería, ya fuera con los fondos transferidos o con un convenio firmado. Además, ha señalado que desde el IFA se concedieron ayudas sociolaborales a empresas como Hamsa o Santana en el año 2000, empresas que eran propiedad del propio instituto.

Según ha precisado, el IFA negociaba el plan de viabilidad, que conllevaba un plan laboral con prejubilaciones. «La Consejería -de Empleo-nos dejó claro que no teníamos competencia en las prejubilaciones», ha añadido. En alguna ocasión, con los trabajadores de Hamsa, se anticiparon, por encomienda de la Consejería, los pagos «por problemas de orden público».

En este sentido, ha señalado que el ex viceconsejero de Empleo Antonio Fernández «nos prohibió negociar con las aseguradoras» la firma de la póliza de renta colectivas, que no era competencia del IFA».

Fernández fue vicepresidente del instituto mientras Durbán era presidente. «Este nombramiento fue desde el planteamiento de la Junta de controlar las actuaciones del IFA y de que íbamos por libre», ha manifestado. Sobre la llegada de Fernández a la presidencia del IFA, ha afirmado que supuso «pérdida» de independencia del instituto pues se cambiaba un profesional por un político.

Por último, ha negado que en su época hubiera desfase presupuestario, sí en cambio desfase de tesorería a consecuencia de asumir encargos de gestión sin que se hubieran traspasado los fondos aunque se contase con el respaldo de un convenio. Asimismo, ha manifestado que no le cabe en la cabeza tener «dudas sobre la legalidad» de la actuación del IFA