El Tribunal Supremo se pronunciará sobre la Ley Vasca de Abusos Policiales

El Tribunal Supremo se pronunciará sobre la polémica Ley Vasca de Abusos Policiales. Lo hace tras haber admitido a trámite el recurso de casación planteado por la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC), ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, contra las decisiones previas del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que desestimaba las reclamaciones de los guardias civiles contra dicha norma. Un recurso que se suma al ya admitido al Sindicato Unificado de Policía (SUP), el pasado mes de mayo.

En concreto, APROGC cuestionaba judicialmente la resolución que designaba a las personas que habrían de conformar la comisión de valoración -de los casos susceptibles de ser considerados «abusos policiales»- creada por dicha Ley. Así como la «legitimidad y capacitación» de las mismas para valorar a las posibles «víctimas».

Desde el momento en el que APROGC tenía conocimiento de la existencia de un grupo de trabajo, integrado por organizaciones de diversa naturaleza, que se oponía al desarrollo y aplicación legislativa de la polémica Ley, decidieron unirse al mismo e iniciar una ofensiva judicial que ahora deberá resolver el Tribunal Supremo.

Se cumple así, el paso previo necesario para agotar todas las instancias judiciales -para defender el honor y la imagen de la Policía Nacional- frente a una iniciativa legislativa que los profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado consideran un insulto a su actividad. En especial, en lo relativo a la lucha contra el terrorismo etarra, en el País Vasco y en el resto de España.

Guardias civiles y policías han denunciado que la polémica ley fue aprobada para «satisfacer» a la izquierda abertzale y a los nacionalistas vascos.

La decisión del Alto Tribunal obligará a la Justicia a pronunciarse sobre la reforma de la Ley aprobada por el Parlamento vasco, el pasado 4 de abril, destinada al reconocimiento y reparación de los damnificados por los presuntos abusos cometidos por las fuerzas policiales o parapoliciales entre los años 1978 y 1999. Un mecanismo que los policías y guardias civiles consideraron, desde un primer momento, como «una ignominia» que «pretende cambiar la historia».

La norma, que salía adelante en la Cámara autonómica vasca  con el respaldo de PNV y PSE -en el transcurso de una bronca sesión en la que los nacionalistas vascos tachaban de provocación la presencia de miembros policiales, en la tribuna de invitados, a los que Bildu calificaba de «nazis»- es fruto de un acuerdo alcanzado el pasado mes de agosto por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez con el Ejecutivo nacionalista vasco.

A través de dicho acuerdo, el PSOE aceptaba, además, retirar el recurso de inconstitucionalidad presentado en su día por el gabinete de Mariano Rajoy contra la Ley original, al entender que invadía competencias de los Tribunales de Justicia y que la verdadera finalidad de la misma era blanquear el terrorismo de ETA.