Llarena acepta al Gobierno como en el caso contra el ‘procés’ por la malversación de fondos públicos

El instructor de la causa del ‘procés’ en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha aceptado la personación como acusación particular en el procedimiento del Ministerio de Hacienda y Función Pública a través de la Abogacía General del Estado.

El Gobierno había solicitado personarse en el caso por rebelión o sedición y malversación de fondos públicos contra varios dirigentes independentistas por su actuación en el golpe que concluyó con la declaración unilateral de independencia (DUI) del pasado 27 de octubre.

El interés del Gobierno en ser parte de este procedimiento penal se centra únicamente en el delito malversación de caudales públicos, han informado a Europa Press en fuentes gubernamentales, ya que se investiga si los querellados podrían haber detraído fondos de Estado para destinarlo a la causa independentista.

Entre estos gastos irregularmente desviados del erario público estarían los fondos que durante el mes de septiembre gastaron las entidades soberanistas Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural gastaron 1,5 millones de euros en varias actividades encaminadas al referéndum ilegal del pasado 1 de octubre, según ha acreditado la Guardia Civil en un informe que ya se encuentra el poder del juez Pablo Llarena.

Por el momento, fuentes del Ministerio de Hacienda han confirmado a Europa Press que los citados informes del Instituto Armado están siendo analizados por ya por los Servicios Jurídicos del Estado y se está pidiendo información a la Interventora General de Cataluña sobre el objeto, intervinientes en los gastos, etcétera.

En su informe, la Guardia Civil analiza las cuentas bancarias de las entidades y concluye que entre el 7 de septiembre y 11 de octubre, la ANC gastó en empresas de autobuses algo más de 300.000 euros, en imprentas y copisterías casi 69.500 euros, en empresas de publicidad cerca de 560.000 euros entre ambas asociaciones o en logística para eventos en torno a 177.000 euros. En total, se han podido identificar 1,5 millones de euros desembolsados en dicho periodo.

Por el momento ejercen la acusación, además de la Fiscalía del Tribunal Supremo, el partido político Vox. Han presentado fianza para poder también acusar varias asociaciones y el bufete de abogados Durán&Durán, que ya es parte en la causa en la que el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga los preparativos y ejecución del referéndum ilegal del 1-O.