El Tribunal de Cuentas detecta 248.868 € en «gastos irregulares» de Podemos en la campaña de 2019

El Tribunal de Cuentas ha detectado que Unidas Podemos realizó 248.868 en «gastos irregulares» en la campaña de las segundas elecciones generales de 2019. Una pequeña parte de los cuales, 9.406 euros, corresponden a gastos con «justificación insuficiente» y otros 239.462 a gastos publicitarios previos a la campaña electoral.

Así consta en el informe de este órgano fiscalizador que acaba de hacer publico sobre la contabilidad de las formaciones políticas derivada de los comicios de 2019, y de cara a las subvenciones públicas a las que tienen derecho para costear los diversos aspectos de la campaña electoral. En el caso de Unidas Podemos, el Tribunal determina que sus gastos electorales ordinarios justificados ascendieron a 2.376.086 euros y advierte que para considerar las subvenciones la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) no se pueden computar los anteriores al inicio de la campaña, de modo que excluye los casi 250.000 euros considerados irregulares de las ayudas públicas.

Además, el partido de Pablo Iglesias computó 24.390 euros como gastos electorales cuando obedecían a operaciones ordinarias no subvencionables. Igualmente, dedicó 128.368 euros como gastos de propaganda electoral cuando en realidad correspondían a ordinarios, por lo que el Tribunal de Cuentas ha procedido a su «reclasificación» para calcular cuál es el importe sujeto a subvenciones.

Los expertos recogen las alegaciones de Unidas Podemos, que sí entienden que la publicidad en redes sociales debe considerarse como incluida en los gastos subvencionables, a lo que el Tribunal de Cuentas responde que no presentaba candidatos ni programa sino que pretendía dar a conocer posiciones políticas y captar voto.

Gastos de estilismo

En su cuentas, la coalición de Podemos e IU recogió los «servicios de estilismo a los candidatos» como dentro de la campaña, pero el órgano fiscalizador apunta que «dicha categoría de gasto no se entiende incluida en ninguno de los conceptos» recogidos en la Loreg, como recoge EFE.

Por otro lado, el documento detecta pagos de tesorería fuera de plazo por 10.222 euros, reseña que cuando presentó sus cuentas tenía pendiente de pago 194.821 euros e identifica a tres proveedores de prestación de servicios o adquisición de bienes, como Ifema o Facebook, que facturaron 832.867 euros y no informaron al Tribunal de Cuentas, algo que también incumple la normativa electoral.

En total, el informe destapa 531.912 euros sin naturaleza electoral, pese a que los 22 partidos analizados los declararon como tales; la mayoría corresponden a las formaciones que obtuvieron mayor representación parlamentaria en las elecciones de 2019.

Así, el Partido Popular reseñó 90.592 euros de operaciones ordinarias como gastos electorales, sin que según el Tribunal de Cuentas tuvieran esa consideración. Y al revisar los envíos de propaganda electoral deduce que 82.812 euros correspondían también a operaciones ordinarias y 59.320 no eran gastos electorales.

En el caso del PSOE, el Tribunal observa que 71.195 euros reservados a publicidad en medios de comunicación lo fueron antes de la campaña, por lo que no son subvencionables, siguiendo el mismo criterio aplicado a Unidas Podemos. Otros 39.845 euros pertenecen a un exceso en la estimación de los intereses de gastos financieros para costear la campaña y por tanto quedan fuera de esta consideración, como sucede con otros 33.457 euros y con operaciones ordinarias por valor de 12.199 euros.

La contabilidad del PSC, independiente del PSOE, también revela, siempre según el informe, que 112.745 euros en operaciones ordinaria que no son gastos electorales.

En cuanto a Ciudadanos, sus gastos ordinarios rechazados como electorales por el Tribunal de Cuentas ascienden a 74.366 euros, a los que se suman 42.450 consignados como envíos de propaganda electoral que no tienen tal consideración.

También desestima computar como gastos subvencionables 66.503 euros de Vox por publicidad en medios previa a la campaña y en televisiones privadas; además, no computa como gastos electorales otros 52.431 euros de operaciones ordinarias. Vox es el único partido para el que el Tribunal de Cuentas propone reducir su subvención electoral en el doble de los gastos declarados irregulares, esto es, en 72.600 euros. Esta cantidad resulta de duplicar los 36.300 euros que el partido contrató en emisoras de televisión privada, algo que no está permitido por la normativa, según subraya el informe.