El Tribunal de Cuentas admite que borró el contrato irregular de Barrabés tras las alegaciones del Gobierno

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016.
• • 17/03/2026 05:48
  • Actualizado: 17/03/2026 08:37

El Tribunal de Cuentas eliminó un contrato con irregularidades adjudicado por Red.es a la empresa de Juan Carlos Barrabés, socio de Begoña Gómez, tras las alegaciones presentadas por la entidad pública, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital.

Así lo admite el máximo órgano fiscalizador, tras una consulta de OKDIARIO. El Tribunal de Cuentas explica que «cuando las alegaciones plantean discrepancias que, tras su análisis técnico, se consideran fundadas, pueden dar lugar a modificaciones en el informe». En este caso, el Gobierno «formuló alegaciones respecto a determinadas incidencias recogidas en el anteproyecto y, tras su análisis, se estimaron, lo que dio lugar a la correspondiente modificación en el informe finalmente aprobado por el Pleno».  La tramitación de los informes, remite el organismo, debe respetar «unas normas que constituyen una garantía del rigor técnico y la calidad de los trabajos de fiscalización».

Como ha publicado OKDIARIO, el último informe de fiscalización a la contratación de Red.es excluye un contrato adjudicado a Innova Next, empresa de Barrabés, por 2,3 millones. Cabe recordar que esta entidad pública está en el punto de mira por otros dos contratos que adjudicó al socio de Begoña Gómez —impulsor de su cátedra de la Complutense— por un importe superior a 10 millones. La mujer del presidente del Gobierno había firmado sendas cartas de recomendación para el empresario. Este asunto está en el origen de la investigación del caso Begoña Gómez, por el que la esposa de Pedro Sánchez y Barrabés están imputados por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Alegaciones de una alto cargo

Las alegaciones van firmadas por la propia secretaria de Estado de Digitalización, María González Veracruz —próxima a Pedro Sánchez desde su primera etapa como secretario general del PSOE—, quien se mostró muy crítica con la fiscalización de ese contrato, y reclamó abiertamente que no figurase en el informe final.

El contrato fiscalizado en el borrador del informe consistía en un servicio de apoyo y asesoramiento a la Oficina Acelera Pyme para la puesta en marcha del llamado kit digital, las ayudas para la digitalización de las pequeñas y medianas empresas. El expediente fue adjudicado en 2021. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lo incluyó en uno de sus informes sobre los contratos del Gobierno a las empresas de Barrabés.

El Tribunal de Cuentas reveló una serie de irregularidades, como la ausencia de «ponderación de los subcriterios» para valorar las distintas ofertas, lo que, advirtió, ampliaba la «discrecionalidad» del órgano de contratación, en contra de la Ley de Contratos del Sector Público.

También señaló la ausencia de una mesa de expertos para valorar las propuestas y el sobrecoste de varios eventos organizados por Barrabés y que no se corresponderían con el precio estipulado por contrato. Se da la circunstancia de que la empresa de Barrabés se adjudicó ese contrato superando en apenas cinco décimas a sus competidores en la fase del juicio de valor. No presentó la oferta más ventajosa económicamente.

En sus alegaciones, el Gobierno rebatió las observaciones del Tribunal de Cuentas y mostró abiertamente su rechazo a la fiscalización del contrato. Argumentó que no estaba financiado por el llamado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, como era el objeto de la fiscalización. Por ello, incluirlo resultaba, en opinión de Red.es, «improcedente» e «incoherente».

El Tribunal de Cuentas había seleccionado este contrato para analizar el cumplimiento de la normativa de contratación por parte de Red.es, destacando principalmente su elevado importe, «de algo más de dos millones de euros».

Pero Red.es se quejó de que este argumento carecía «del rigor formal exigible» y que el Tribunal de Cuentas no aportaba «una motivación válida de la selección del expediente». 

Habló incluso de una selección «ad hoc, sin justificación metodológica suficiente», y acusó al órgano fiscalizador de «exceder el mandato de fiscalización, introduciendo un elemento de distorsión jurídica y contable, comprometiendo la coherencia, precisión y legalidad del contenido del informe».

La secretaria de Estado de Digitalización, María González Veracruz, es una dirigente socialista próxima a Pedro Sánchez desde su primera etapa como secretario general del PSOE. Apadrinada por Zapatero, permaneció con Rubalcaba y, más tarde, formó parte de la primera ejecutiva de Sánchez. En las primarias de 2017 apoyó a Patxi López y dos años después se retiró de la primera línea. No obstante, el presidente del Gobierno la recuperó, dándole un cargo de secretaria de Estado en el ministerio que dirige Óscar López.