Torrent agita a los CDR: «Celebrar un Consejo de Ministros en Barcelona es una irresponsabilidad»

El presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, echa leña al fuego. Con todo el activismo independentista, de los CDR a la ANC, convocando a dar la «batalla» contra la presencia del Gobierno de España en Barcelona, el dirigente separatista asegura que «venir a hacer un Consejo de Ministros es una irresponsabilidad».

Torrent no se muerde la lengua. En una entrevista en Naciódigital, el dirigente republicano y secesionista, acusa al Gobierno de ser irresponsable por acudir a Barcelona sin una propuesta para lo que denomina como «solución democrática al conflicto». Solución que pasa por un reconocimiento del derecho de autodeterminación «al que no renunciaremos nunca».

«No renunciaremos nunca al diálogo, pero tampoco vamos a renunciar nunca a la independencia», afirma Roger Torrent. Y lo argumenta así: «No debe ser un diálogo cosmético, que sirva para tapar la deriva del gobierno Sánchez. Debemos hablar de autodeterminación y del fin de la represión. Nosotros no vamos a renunciar nunca a la independencia y reclamaremos siempre el fin de la represión, pero no sólo porque políticamente lo defienda el independentismo sino porque esto agrupa el 80% de la población de Cataluña. Y, por tanto, se debe hablar de lo que preocupa al 80% de este país».

La preocupación por el desarrollo del Consejo de Ministros en Barcelona es máxima. De ahí que se haya organizado un dispositivo policial sin precedentes. Unos 750 policías antidisturbios pertenecientes a 15 grupos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y otros 200 guardias civiles del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) han comenzado en las últimas horas a desplazarse a Cataluña en comisión de servicios para participar junto a los Mossos d’Esquadra en el dispositivo.

El separatismo se ha movilizado contra la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona amparado por las fuerzas políticas que lo representan y por otras que, como Podemos, legitiman este intento de coacción como un ejercicio de la libertad de manifestación. Sin embargo, todas las acciones que han sido anunciadas por el activismo separatista acarrean penas de prisión.

El Código Penal castiga con hasta cuatro años de cárcel a quienes «coarten o por cualquier medio pongan obstáculos a la libertad del Gobierno reunido en Consejo de Ministros».