Torra será juzgado por los lazos amarillos el 25 y 26 de septiembre

Quim Torra, presidente de la Generalitat, será juzgado el 25 y 26 de septiembre en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por un delito de desobediencia tras no retirar los lazos amarillos en edificios públicos como el Palau de la Generalitat en campaña electoral. La Junta Electoral (JEC) exigió su retirada tras considerarlos símbolos partidistas, a lo que el Govern de Torra se negó.

La Fiscalía pide un año y ocho meses de inhabilitación para Torra para el ejercicio de funciones de gobierno o de cargo público de ámbito local, autonómico, estatal o europeo por un delito de desobediencia tras negarse a cumplir la orden de JEC de retirar los lazos en apoyo a los presos golpistas del 1-O.

El TSJC desestimó a finales de julio el recurso que presentó Torra contra la decisión del tribunal que decretaba la apertura de juicio oral contra él. El auto Tribunal, desestimaba el recurso de apelación de Torra y confirmaba la apertura de juicio contra el presidente por un presunto delito de desobediencia.

El tribunal rechazó cada una de las alegaciones del recurso de Torra, como que la JEC carecía de competencia para ordenar la retirada de lazos, que esa orden no procedía de una autoridad superior a la Presidencia de la Generalitat, que no era una orden clara y concreta, y que había una «intencionalidad política» por parte de los miembros de la JEC, entre otros.

El auto defendía que «las resoluciones de la JEC no contenían mandatos contradictorios sino complementarios y su cumplimiento quedaba al alcance del investigado». Asimismo, negaba que en la resolución del tribunal se vulnerara la presunción de inocencia de Quim Torra y sostenía que la JEC sí que tiene competencia y puede dar órdenes al presidente de la Generalitat de obligatorio cumplimiento.

«No parece discutible que los acuerdos de la JEC son ejecutivos y de obligado acatamiento para las autoridades o particulares a los que fueran dirigidos», argumenta.

«Sí, desobedecí»

El presidente de la Generalitat de Cataluña declaró el 15 de mayo ante el tribunal como investigado por esta causa, donde afirmó: «Sí, desobedecí, porque yo me debo a un mandato superior de la ciudadanía de defensa de los derechos humanos». Ahora la Fiscalía pide condenarle a una inhabilitación de un año y ocho meses y multarle con 30.000 euros.