El Supremo tumba la maniobra de Sánchez para intentar blindar su ley anti-influencers

El Tribunal Supremo ha frenado el intento del Gobierno de Pedro Sánchez de evitar la admisión a trámite del recurso contra la ley que impone nuevas normas a los influencers, como registrarse obligatoriamente en una base de datos gubernamental. Se trata del Real Decreto que establece los requisitos para ser considerado usuario de especial relevancia en relación con la Ley General de Comunicación Audiovisual.

Tal como adelanta OKDIARIO, la Sala de lo Contencioso del Supremo, en un auto del pasado 3 de diciembre, ha desestimado las alegaciones previas presentadas por la Abogacía del Estado que pretendían la inadmisión del recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Unión Española de Creadores (UEC) contra el Real Decreto 444/2024. La resolución, en la que el magistrado José Manuel Bandrés ha ejercido como ponente, ha decidido que la cuestión sobre la falta de legitimación activa de la UEC debe resolverse al examinar el fondo del caso y no en este momento procesal.

La Abogacía del Estado había cuestionado la legitimación de la UEC por no haber aportado sus Estatutos ni acreditado su carácter de asociación de trabajadores autónomos, su representatividad o su actividad. El Estado sugería incluso que podría tratarse de «una pantalla instrumental creada para litigios».

Sin embargo, el Alto Tribunal considera que, a la vista de la documentación aportada por la parte demandante durante la tramitación del incidente, será más apropiado analizar de forma pormenorizada la afectación del decreto impugnado al colectivo del sector audiovisual agrupado en la UEC cuando se examine el fondo del asunto.

El recurso, presentado en julio de este año, impugna el Real Decreto que desarrolla un artículo de la Ley General de Comunicación Audiovisual en lo referente a los requisitos para ser considerado usuario de especial relevancia en servicios de intercambio de vídeos a través de plataformas.

La decisión del Supremo permite que continúe la tramitación del procedimiento, que ya cuenta con la demanda formalizada por la UEC desde el 14 de octubre. El Abogado del Estado, en lugar de contestar a la demanda dentro del plazo de veinte días concedido, optó por presentar las alegaciones previas que ahora han sido desestimadas.

El auto, contra el que no cabe recurso, no impone costas procesales a ninguna de las partes. Esta decisión supone un primer triunfo procesal para la Unión Española de Creadores en su intento de impugnar la regulación que afecta a los usuarios de especial relevancia en plataformas de vídeo, una normativa que impacta directamente en el sector de los creadores de contenido audiovisual.

Denuncia de la UEC

La Unión Española de Creadores (UEC) en su batalla legal contra el Real Decreto denuncia graves defectos legales en su tramitación y una preocupante cesión del Gobierno a intereses de terceros. La UEC detalla los problemas de una normativa que, según afirman, «se realizó en menos de 24 horas» y contiene defectos que van «desde incumplir el mandato legal de desarrollo hasta incumplimientos en la motivación de la Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN) durante sus cinco versiones».

La asociación, constituida al amparo de la Ley General de Comunicación Audiovisual, revela que el Ministerio de Transformación Digital realizó una audiencia pública sin previo aviso en noviembre de 2023 sobre el reglamento que establece los requisitos para ser considerado «Usuario de Especial Relevancia», categoría que afecta a creadores con más de 2 millones de seguidores y facturación superior a medio millón de euros. Les impone un registro obligatorio y normas sobre qué pueden publicitar y qué no.

Uno de los aspectos más controvertidos es que, bajo el pretexto de luchar contra la desinformación y proteger a los menores, incluiría medidas como la prohibición cautelar de acceso a redes sociales. La UEC advierte que esta normativa «busca ampliar las obligaciones de los creadores de forma contraria a todo criterio normativo actual».

«El gobierno intentó tender una trampa a la asociación para que aceptásemos artículos que no nos correspondían», denuncia la UEC, añadiendo que tras presentar su demanda ante el Supremo, y coincidiendo con el cambio de ministro de Transformación Digital, «toda negociación se dio por terminada».

La organización ha estado manteniendo reuniones con distintas asociaciones y prestadores audiovisuales para alcanzar acuerdos sobre la protección de menores, mientras trabaja en una propuesta que permita «distinguir al profesional del entretenimiento, la divulgación y la educación en ámbitos digitales de aquellos usuarios que utilizan las redes sociales con fines espurios, propagandísticos o delictivos».

La UEC afirma que tiene informes sobre cómo grupos empresariales han presionado al gobierno como estrategia comercial, usando su influencia política para promover leyes restrictivas contra los creadores de contenido. Además, desmiente la justificación gubernamental de que la urgencia en la tramitación respondiera a posibles sanciones europeas. Hacen un llamamiento para que los profesionales de las redes se unan a su plataforma.

La batalla legal promete ser larga, pero la UEC ha conseguido ya una primera victoria después de que el Tribunal Supremo desestimara las alegaciones previas del Abogado del Estado que cuestionaban su legitimidad para interponer el recurso contra el Real Decreto.