Sumar cuela en el CGPJ a una fiscal que tildó de «alarma artificial» la rebaja de penas de la Ley Montero

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016.
• • 26/06/2024 14:33
  • Actualizado: 26/06/2024 15:37

El Gobierno ha situado en el nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a dos de los nombres propuestos por Sumar. Se trata del magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Carlos Hugo Preciado, un nombre propuesto por los Comunes, y de la fiscal Inés Herreros, ex presidenta de la Unión Progresista de Fiscales. Herreros, con plaza en la Fiscalía de Las Palmas, fue nombrada recientemente como número dos de Dolores Delgado en la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Entre sus cargos, ejerció como fiscal delegada de tutela y protección de las víctimas de la Audiencia de Las Palmas y desde ese puesto respaldó la polémica Ley del sólo sí es sí, que ha beneficiado a más de 1.400 agresores sexuales.

En una entrevista radiofónica, con motivo de la aplicación de esta ley y la reducción de penas a los violadores, la ahora vocal del Consejo General del Poder Judicial concluyó que se había creado una «alarma social artificial» por parte de «los medios de comunicación» en relación a las consecuencias de la norma.

«Esto ocurre en cualquier Estado de Derecho en la que es necesario realizar una modificación puntual o total del Código Penal, tal y como ha ocurrido con otras en las que ha habido un periodo transitorio y que no tiene que llevarnos a la alarma social sino al revés», concluyó Herreros, considerando que la aplicación de la ley debería «llevarnos a la tranquilidad de que las garantías que se aplican en el proceso penal funcionan y no se ha producido ningún caso en el que se haya podido afectar a la protección de las víctimas».

La Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como Ley del sólo sí es sí, se aprobó en el Congreso de los Diputados en agosto de 2022 y entró en vigor en octubre de ese año. Poco después comenzaron los casos de rebajas de penas y excarcelaciones. Uno de los beneficiados fue, precisamente, el miembro de La Manada -el caso que dio origen a la norma-, Ángel Boza, que vio reducida su pena de prisión de 15 a 14 años.

Control de los jueces

Desde Sumar consideran que el acuerdo alcanzado este martes ente el Partido Socialista y el Partido Popular para la renovación del CGPJ es «positivo» y «un paso adelante importante» pero lamentan que «llegue cinco años tarde».

Desde la formación de Yolanda Díaz señalan que «hay que ir más allá», lo que para ellos implica modificar el sistema de acceso a la carrera judicial hacia un mayor control ideológico de los jueces.

«Hay una cuestión que a nosotros nos preocupa particularmente, como es democratizar cada vez más el acceso a la carrera judicial: que quien tenga anhelos de participar y de ser miembro de la carrera judicial que pueda hacerlo en las mejores condiciones. Y esa es una asignatura también pendiente de nuestro país», ha comentado este miércoles, en esa línea, el ministro Ernest Urtasun.

Sumar presentó recientemente una propuesta para cambiar el sistema de acceso a la carrera judicial, de forma que los aspirantes ingresen primero en la Escuela Judicial y, después, afronten unas oposiciones que estarían becadas. Una especie de MIR judicial. El sistema resta peso a la oposición.

La Ley Orgánica del Poder Judicial señala que el ingreso a la Carrera Judicial por la categoría de juez se produce mediante la superación de oposición libre y de un curso teórico y práctico de selección realizado en la Escuela Judicial. Desde Sumar consideran que ese modelo es «elitista» y «decimonónico» y afirman que los preparadores de los futuros jueces pueden ejercer «adoctrinamiento».

Este cambio de modelo ha sido criticado por los propios jueces, que ven en él un intento de control ideológico. Según Sumar, el sistema actual «únicamente valora la capacidad de memorizar normas jurídicas frente a los méritos profesionales, la sensibilidad social y democrática, la neutralidad, la empatía y la capacidad de interactuar con los ciudadanos».

Desde las asociaciones de jueces consideran que este cambio supone «un control ideológico en el acceso a la carrera», además de una «injerencia» política en el Poder Judicial.