Seguí cancela la reunión con los afectados por el amaño del concurso de la DGT

La Plataforma de Afectados por las presuntas irregularidades en el concurso público de la Dirección General de Tráfico (DGT) para la adjudicación de los cursos de recuperación de puntos del carné, exigen a la directora general de la institución, María Seguí, que dé explicaciones y adopte medidas para evitar que la adjudicataria bajo sospecha siga beneficiándose de dinero público.

Las 13 empresas concurrentes, agrupadas en siete UTE, habían sido convocadas por la DGT a una reunión informativa este viernes en la que esperaban que se les pusiera al corriente de la investigación interna abierta a raíz de las informaciones que apuntaban a un amaño en el concurso, escándalo que se saldó con el cese el pasado 8 de julio de la subdirectora de Formación Vial, Marta Carrera. Sin embargo, la reunión ha sido cancelada.

«La reunión era importantísima porque estamos esperando a que nos diga cómo está esa investigación que está abierta internamente y nos informe de en qué situación se encuentra el concurso y qué piensan hacer con la Confederación Nacional de Autoescuelas de España (CNAE), la licitadora que ha liado todo este follón», explica el portavoz de la plataforma, que representa a 300 centros, José Luis Iniesta.

Según afirma, suspender la reunión a 48 horas de celebrarse «es una tomadura de pelo» que dilata aún más una situación «de la que sólo hay un beneficiario», la CNAE, pues era la adjudicataria anterior y «sigue impartiendo los cursos todos los meses e ingresando dinero de las arcas públicas» a falta de que se resuelva y firme el nuevo concurso. «Si a ellos les dicen que las investigaciones duran cinco meses más, dan saltos de alegría», comenta Iniesta.

La plataforma exige por ello que se solucione el concurso abierto y recuerda que «hay empresas que han invertido muchísimo dinero» para poder adaptarse a los requisitos exigidos en el pliego de condiciones, como contar con dos aulas para impartir la formación. «Hay gente que ha hecho inversiones bárbaras para adaptarse y participar en un concurso y que no se resuelva afecta a muchísima gente que no tiene nada que ver con el hecho de que uno de los licitadores no se haya portado como debería», afirma.

Considera por ello que la «solución ideal» sería que la DGT terminase el concurso sin CNAE, a quien a juicio de la plataforma debería expulsar de la concurrencia. «Debería volver a valorar los cinco lotes que había y a partir de ahí, dárselo a quien más se lo merezca. CNAE lo tiene desde 2014, dos años en los que son los beneficiarios sin que se haya resuelto el concurso. Si lo ganan y les firman los tres años de contrato, habrán tenido dos años de regalo», añade.

Pons Seguridad Vial es otro de los afectados. Le fue adjudicado uno de los lotes –partes en que se ha dividido el mapa de España para la impartición de estos cursos de formación vial– pero CNAE reclamó en vía administrativa y Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) se lo concedió, según estos centros, «aludiendo a criterios de solvencia que no se mencionaban en el recurso» y «contra el criterio que la mesa de contratación que la propia DGT estableció en sus pliegos». El asunto está ahora en el Contencioso Administrativo.

«Estamos sorprendidos ante la falta de diligencia de la Dirección General de Tráfico sobre la situación actual de la gestión de los cursos. En la actualidad, siguen siendo las autoescuelas de CNAE quiénes gestionan los cursos de recuperación de puntos del permiso de conducir», recuerda Pons Seguridad Vial.

La entidad confiaba en que la reunión convocada por la DGT sirviera para «clarificar la situación actual del Concurso» y pedían que fueran expulsadas del mismo las organizaciones que hubieran realizado actuaciones de caracter irregular, hechos estos contra los que ya han avanzado que estudian tomar acciones legales.

Piden en todo caso a la DGT que garantice la igualdad de oportunidades en el acceso a los concursos y transparencia en todo el proceso, así como esperan que se convoque una nueva reunión en la que se les faciliten explicaciones sobre la situación en que se encuentra en concurso y el modo en que va a resolverse.