Sánchez prohibió por ley las amnistías fiscales por «discriminación» pero ahora negocia la del ‘procés’

El presiente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encuentra cada vez más cerca de dar la amnistía a los golpistas catalanes del 1-O, una decisión que contrasta con la aversión que siente por las amnistías fiscales, que ha prohibido por ley porque suponen una «discriminación» y un «agravio» hacia el resto de contribuyentes que sí cumplen sus obligaciones fiscales.

No considera Pedro Sánchez, sin embargo, que conceder la amnistía a aquellos que han incumplido la ley hasta llegar al extremo de querer romper la unidad de España, consagrada en el artículo 2 de la Constitución española, suponga ninguna «discriminación» o «agravio» hacia los españoles que sí respetan la ley y la Carta Magna.

En 2018, al poco de llegar al Gobierno tras la moción de censura a Mariano Rajoy, Pedro Sánchez proclamó desde la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados que prohibiría por ley las amnistías fiscales para que «no vuelva a haber una amnistía fiscal en nuestro país».

Insólitamente, el líder socialista parece que no cambió de opinión en su afán de «perseguir a los grandes defraudadores» y el 25 de mayo de 2021 la Cámara Baja aprobaba el Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal. Ese día, La Moncloa publicó una nota informativa en la que celebraba que la nueva figura legal «por razones de justicia tributaria» prohibía la aprobación de amnistías fiscales, dado que «se entiende que éstas suponen una discriminación hacia los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales».

El mes siguiente, el Congreso aprobaba la ley de forma definitiva tras culminar con éxito su trámite parlamentario y, de nuevo, desde el Gobierno destacaban en la nota informativa que «la nueva norma contempla la prohibición por ley de las amnistías fiscales, evitando que existan agravios comparativos con la mayoría de contribuyentes, que cumplen con sus obligaciones tributarias».

Amnistía fiscal de Sánchez

Unos argumentos que parece que no le valen a Sánchez más allá de los delitos fiscales. El presidente del Gobierno en funciones criticó este miércoles desde Nueva York la «judicialización» del procés. «Una crisis política nunca debió derivar en acción judicial», poniendo en tela de juicio el Estado de Derecho, que establece que cuando alguien infringe la ley, sea en el marco de la política o en cualquier otro ámbito, se tenga que atener a las consecuencias legales que puede tener ese incumplimiento, como parece que sí tiene claro Sánchez que debe ocurrir con los defraudadores fiscales.

Además, cabe recordar que en junio de 2017, el Tribunal Constitucional se pronunciaba en contra de la amnistía fiscal del PP tras un recurso del PSOE a la iniciativa planteada por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Unos días más tarde de conocerse aquel fallo, que declaraba nula la medida, el PSOE presentaba a la Mesa del Congreso una interpelación urgente al ministro, al que con duros términos instaba a dimitir de forma inmediata.

Según ese texto, firmado por el Grupo Parlamentario Socialista, esa amnistía otorgaba un tratamiento «mucho más favorable» para quien había sorteado la ley fiscal del momento, dejando al margen a los ciudadanos que habían cumplido con la ley. Y asumía el PSOE que la amnistía «garantizaba la impunidad a delincuentes». Una impunidad que no parece importarle si es para los golpistas catalanes, siempre y cuando estos le dejen perpetuarse en el Palacio de La Moncloa otros cuatro años.