Sánchez pretende que los informes de los comités de la ONU sirvan para revisar sentencias judiciales

• Rosalina Moreno @rosalina_mb
• Periodista de Nacional. Interior, Defensa y Justicia. rosalina.moreno@okdiario.com
• • 10/12/2025 05:45
  • Actualizado: 10/12/2025 05:45

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prepara otro golpe a la Justicia: quiere revisar sentencias firmes con informes de la ONU. El Ejecutivo ha colado esta iniciativa en el Proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). Desde el mundo judicial advierten que es «muy peligrosa», ya que los comités de Naciones Unidas son órganos políticos.

El Ejecutivo ha introducido esta medida en el artículo 762.2 del citado Proyecto de Ley: «Se podrá solicitar la revisión de una resolución judicial firme cuando por alguno de los comités de Naciones Unidas se hubiese declarado la violación de alguno de los derechos reconocidos en los respectivos convenios y sus protocolos, que hubiesen sido ratificados por España, siempre que la violación, por su naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de ningún otro modo que no sea mediante esta revisión».

La revisión sólo podrá ser solicitada por quien, estando legitimado para ello, hubiera sido demandante ante el correspondiente comité, y «la solicitud deberá formularse en el plazo de un año desde la emisión del dictamen», según indica. 

Además, el artículo 762.3 señala que «en estos supuestos, salvo en aquellos procedimientos en que alguna de las partes esté representada y defendida por el abogado del Estado, el letrado de la Administración de Justicia dará traslado a la Abogacía General del Estado de la presentación de la demanda de revisión, así como de la decisión sobre su admisión».

Dicho precepto añade que «la Abogacía del Estado podrá intervenir, sin tener la condición de parte, por propia iniciativa o a instancia del órgano judicial, mediante la aportación de información o presentación de observaciones escritas sobre cuestiones relativas a la ejecución de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o de los dictámenes de los comités de Naciones Unidas».

Injerencias políticas

El magistrado Jesús Villegas, secretario general de Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ), esta maniobra del Gobierno es «muy peligrosa». «Equivale a abrir una puerta a injerencias políticas en el sistema de recursos español. Y con el agravante de que deja expuesto a nuestro país ante grupos de presión extranjeros o contrarios a nuestro sistema constitucional», declara a OKDIARIO Villegas preguntado al respecto. 

Además, apunta que «alguno de los comités se ha pronunciado a favor de los separatistas catalanes». Para Villegas, estamos ante «una aberración legal».

En el mismo sentido se ha pronunciado el magistrado Fernando Portillo, conocido en redes sociales como Judge the Zipper. «Está claro que el interés que hay detrás es que cuando no te den la razón los tribunales, acudir a órganos políticos, como son las comisiones de Naciones Unidas, para tratar de revisar sentencias que no son favorables», señala a este diario.

Para Portillo, «la iniciativa de Sánchez tiene nombre y apellidos, entre otros Baltasar Garzón, al que ni el Tribunal Constitucional ni el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dieron la razón, pero al que luego una comisión de la ONU sí», algo que, a su juicio, fue «un despropósito».

«Aquel dictamen político refirió una serie de irregularidades en la condena de Garzón que en absoluto lo fueron. Fue un informe hecho sin anclaje en la realidad de lo ocurrido en el proceso y con cero sostén jurídico, más allá de las palabras empleadas. La finalidad fue blanquear la condena de Garzón, sin más», precisa este magistrado.

Y señala que «los partidos políticos pueden llegar a tener influencia en ese tipo de organizaciones, no tanto en tribunales internacionales, con lo cual están muy interesados en esto». «Es tremendo que haya que revisar decisiones judiciales por lo que órganos políticos decidan», critica indignado.

Elevan a la ONU la condena a García Ortiz

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) también ha reclamado la intervención de la ONU por la condena por revelación de secretos al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras la que, como ha informado OKDIARIO, tendría que ser expulsado de la Carrera Fiscal al haber cometido un delito doloso. La asociación a la que pertenece García Ortiz y que en su día presidió alega que existen «irregularidades» en la causa.

En esta reforma de la LECrim, el Gobierno también persigue atribuir al Ministerio Fiscal la investigación de las causas penales y que la Fiscalía se quede con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Unas medidas que han sido sonadas, a diferencia de esta otra que ha pasado totalmente desapercibida.

Dichas reformas legales, conocidas como la Ley Bolaños, motivaron un histórico paro de jueces y fiscales frente a juzgados y tribunales el pasado mes de junio, a la que siguió una huelga de tres días en julio.

Aquellas movilizaciones también fueron secundadas por guardias civiles y policías nacionales, que muestran su rechazo feroz a que la UCO quede en manos de la Fiscalía. «La policía judicial debe estar al servicio de la Justicia y no del poder político y sus aledaños», sostiene la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la decana y mayoritaria, denunciando que el Gobierno «tiene abandonados a los guardias civiles y ahora quiere tenerlos sumisos».