Sánchez prepara un plan para reforzar el español en Hungría y Rumanía mientras lo fulmina en Cataluña

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016.
• • 13/06/2022 06:51
  • Actualizado: 13/06/2022 09:24

El Partido Socialista buscará el apoyo del Congreso para impulsar un plan de formación exterior para potenciar la enseñanza del español en otros países, como Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumanía y Rusia. Y todo ello, mientras suprime el carácter «vehicular» del castellano en Cataluña y evita instar a la Generalitat a cumplir la sentencia que obliga a impartir el 25% de las clases en esta lengua oficial.

En el documento, registrado en el Congreso de los Diputados y que se debatirá este jueves, los socialistas destacan su interés en potenciar algunos programas, como el de Secciones Bilingües.

«En estas secciones se imparte el currículo propio del país, se cursan en español los contenidos mínimos de Lengua y Cultura españolas y, parcialmente, varias materias más. Tras superar los exámenes finales de Secundaria, el alumnado puede acceder al Título de Bachiller español», explica el partido de Pedro Sánchez. El Ministerio de Educación y Formación Profesional otorga ayudas económicas al profesorado español participante, facilita formación y material didáctico a los centros y financia la organización de un festival internacional de teatro escolar en español.

El PSOE defiende que «la lengua, instrumento vehicular de la cultura y de la educación, se convierte en el principal diplomático de nuestro país, y se abandona así, dentro de la apertura democrática que ha vivido España, la idea del aprendizaje de la lengua y de la cultura en el exterior vinculada solo a las élites, o a la población española residente fuera de nuestro país».

Otra línea de colaboración, que el partido quiere reforzar, son los convenios de colaboración con centros educativos no universitarios en diferentes países iberoamericanos. Actualmente España cuenta con centros en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, República Dominicana y Uruguay. Estos centros incluyen en sus currículos, como materias adicionales a las de sus respectivos planes de estudio, las asignaturas de Literatura, Geografía e Historia españolas y, si su lengua oficial es distinta del español, como es el caso de Brasil, también Lengua española.

Así, los socialistas pretenden ampliar esta red de programas y colaboraciones en otros países para difundir la lengua española.

Desafío

La iniciativa llega en pleno desafío del separatismo a la enseñanza del español en Cataluña.

La Generalitat Pere Aragonés ha vuelto a eludir las sentencias, como viene haciendo con multitud de asuntos. La última, incumplir la orden del Supremo que exige impartir en español el 25% de las clases en las aulas catalanas. Esta semana, el Gobierno independentista catalán ha aprobado un decreto ley que fija explícitamente la «inaplicación» de porcentajes en el uso de lenguas en la enseñanza como respuesta a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a impartir un 25% de clases en español.

El Govern ha remitido además unas instrucciones a los directores de los centros escolares en los que se les insta a no aplicar la sentencia.

En ellas, se pregunta al equipo directivo si «el proyecto lingüístico evita la utilización de porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas». Si se responde afirmativamente, la Generalitat aprobará el proyecto lingüístico del centro en cuestión. En caso contrario, deberá modificarlo. «¿El proyecto lingüístico prevé que el catalán, como lengua propia de Cataluña, sea la lengua normalmente utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje?», es otra de las cuestiones.

El PSC, cabe recordar, apoyó recientemente una ley pactada con ERC, JxCAT y los comunes en la que no se fijan porcentajes del uso de español y señala además que el catalán será lengua «vehicular».

Por ahora, el Gobierno de Sánchez ha rechazado tomar medidas contra el decreto de la Generalitat. «Lo que dice el Gobierno es que han de cumplirse las sentencias», aseveraba este martes la portavoz, Isabel Rodríguez, evitando ir más allá.