Sánchez logra luz verde a su asalto al Constitucional
Bruselas exige a Sánchez que la Fiscalía General del Estado deje de depender de su Gobierno
Bolaños y Pons se reúnen para la reforma del Poder Judicial pero la cita acaba sin acuerdo
Moncloa firma un acuerdo con la Generalitat que abre la puerta a negociar la amnistía y un referéndum
Pedro Sánchez culmina su asalto al Poder Judicial. El Gobierno -gracias a sus socios independentistas y proetarras- ha logrado sacar adelante en el Congreso de los Diputados su reforma exprés para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional (TC) devolviendo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aunque esté en funciones, su capacidad de designar a sus dos candidatos.
Los socialistas han maniobrado para una tramitación en lectura única, de forma que el Pleno del Congreso la ha aprobado de una tacada, sin pasar por ponencia ni por comisión, y la remitirá ahora al Senado para que pueda estar lista la próxima semana. Esta treta ha impedido escuchar en el Parlamento al propio CGPJ, como reclama la Unión Europea.
La reforma enmienda la modificación que el propio Gobierno llevó a cabo meses atrás para impedir precisamente que el Consejo General del Poder Judicial pudiese realizar nombramientos con el mandato caducado. De esta forma, el Ejecutivo nombrará a los otros dos nuevos magistrados del Tribunal Constitucional y cambiará así el perfil conservador por otro progresista. Una cuestión clave para el Gobierno socialcomunista, que contará así con una mayoría favorable ante posibles recursos a sus leyes más sectarias.
Sánchez consuma esta nueva injerencia al Poder Judicial apenas un día después de que la Comisión Europea, en su nuevo informe sobre el Estado de Derecho, haya advertido a España de que es una «prioridad» que desbloquee la renovación del CGPJ instándole además a reforzar su independencia.
Bruselas ha instado además a que, tras esa renovación -paralizada por el Gobierno al no aceptar la despolitización-, se permita que los siguientes nombramientos de este órgano de gobierno los realicen los propios jueces, en línea con los estándares europeos. Alberto Núñez Feijóo trasladó hace unos días a Sánchez su propuesta para renovar el CGPJ conforme a la ley vigente, siempre que el Ejecutivo retire dicha contrarreforma para controlar el TC, y que en paralelo a la renovación se tramite una «reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que asegure un cambio del modelo de elección del CGPJ de consenso, que impida que la presente situación de deterioro vuelva a producirse y que logre despolitizar el gobierno de la Justicia».
En esa propuesta, los populares apuestan por introducir «una disposición adicional, en virtud de la cual el CGPJ recién nombrado, tomando en cuenta los modelos de países europeos con constituciones parecidas a la nuestra, presentará a las Cámaras, en un plazo de seis meses desde su toma de posesión, presentará una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales del turno judicial que mejore la independencia del proceso y que garantice una decisiva participación de los propios jueces y magistrados en la elección».
Reunión
La reforma sale adelante en vísperas del encuentro entre Pedro Sánchez y el presidente catalán, Pere Aragonés.
Moncloa pretende reanudar con esta reunión la agenda de negociación con sus socios separatistas, encallada tras la polémica por el espionaje con Pegasus.
La semana pasada, en un encuentro preparatorio, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y la consejera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrá, firmaron un documento en el que se establecen algunas bases de enorme simbolismo, como avanzar en la desjudicialización del «conflicto político» y «garantizar los derechos fundamentales, la privacidad y la libertad política e ideológica» de las posiciones políticas en Cataluña, sea cual sea el modelo de relación con el Estado que defiendan. Además, se reconoce «la plena legitimidad política de las diferentes ideologías».
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