Sánchez lanza a la Abogacía del Estado contra los hosteleros para no indemnizarles por el covid

El Gobierno de Pedro Sánchez no quiere asumir el pago de las indemnizaciones que reclaman los hosteleros damnificados por su «nefasta» gestión de la pandemia. Después de que el Tribunal Supremo admitiera a trámite la macro demanda de la Plataforma de Empresarios afectados por el Covid-19 (PEACovid-19), el Ejecutivo socialista se ha pronunciado al respecto tras meses de silencio. Lo ha hecho a través de la Abogacía del Estado, en una respuesta en la que no ha dudado en recurrir a argumentos que contradicen al propio Tribunal Constitucional.

La Abogacía del Estado, responsable de la representación y defensa de la Administración General y sus organismos autónomos, obvia en su respuesta a la demanda de PEACovid-19 que el Tribunal Constitucional declaró nulos los dos estados de alarma decretados para hacer frente a la emergencia sanitaria. En concreto, «oculta que la sentencia del Tribunal Constitucional (Pleno) núm. 183 de 27 de octubre declaró la inconstitucionalidad radical del segundo estado de alarma alarma respecto de las delegaciones de competencias exclusivas a favor de las comunidades autónomas». Es decir, la Abogacía del Estado prescinde de la competencia exclusiva del Gobierno, incluso a pesar de que el órgano de garantías decretó que las delegaciones a favor de las comunidades autónomas eran nulas.

No es la única artimaña a la que recurre el Gobierno socialista para eludir las indemnizaciones que reclaman hosteleros y comerciantes -entre otros profesionales- por los perjuicios patrimoniales ocasionados por las restricciones. Según señala la Plataforma de Empresarios afectados por el Covid-19, la Administración General del Estado, además, «veta las pruebas» que acompañan a la demanda y, en su lugar, solicita que únicamente se tenga en cuenta «un expediente preparado ad hoc para este procedimiento» que, según denuncian, «contiene un sinnúmero de falsedades, inexactitudes y vaguedades que no se ajustan a la realidad».

Desviación procesal

La Plataforma de Empresarios afectados por el Covid-19 (PEACovid-19), que representa a grandes y pequeños empresarios pertenecientes a sectores que entrañan desde el ocio nocturno, la restauración, la hotelería y el turismo hasta gimnasios, peluquerías, taxis, joyerías y transportes, entre otros, señala en su escrito de conclusiones que la intención de la Abogacía del Estado en su respuesta a la demanda es la desviación procesal.

Los demandantes, entre los que se encuentran también asociaciones sectoriales que representan a miles de negocios, como la patronal del ocio nocturno Spain NightLife o la recientemente adherida Somos Ocio Nocturno, señalan que, para el Gobierno «no existe lo que le es desfavorable», por lo que en su respuesta ignora que la demanda se sustancia «en diversas infracciones legales y no las combate, ni siquiera las menciona, sino que corta por lo sano».

Es más, la Abogacía del Estado trata de eludir la responsabilidad del Gobierno aduciendo que «la Administración no es una aseguradora universal» y que la demanda se basa en un fenómeno impredecible. No obstante, las reclamaciones de los empresarios parten de la «deficiente gestión» de la crisis sanitaria y no de la pandemia como fenómeno de la naturaleza. Al Ejecutivo se le reclama por el «injusto cierre forzoso» de sectores como la hostelería, la restauración o el ocio nocturno, por su «pasividad» ante las alertas de organismos como la Organización Mundial de la Salud, y por «vulnerar los derechos de miles de pequeños y grandes empresarios», tal y como se desprende del escrito de conclusiones.

Por todo ello, desde PEACovid-19 esperan que su macrodemanda tenga un efecto llamada y abra la puerta al resarcimiento de todos aquellos empresarios castigados por las restricciones de la pandemia.