Sánchez impuso a Delgado para blindar a sus socios de Podemos frente a la Fiscalía de Bolivia

La salida de Dolores Delgado como polémica ministra no ha calmado las aguas en Justicia. Su no menos polémico nombramiento como nueva fiscal general del Estado permitirá a Pedro Sánchez blindar a sus socios de Podemos ante futuras y eventuales acusaciones formales de la Fiscalía de Bolivia por su los pagos opacos recibidos durante el mandato de Evo Morales.

El Estatuto del Ministerio Público reserva a su titular la obligación de «promover o, en su caso, prestar el auxilio judicial internacional previsto en las leyes, tratados y convenios internacionales». Esto es, Delgado tendrá la última palabra en las decisiones que afecten a las solicitudes de sus homólogos bolivianos en las investigaciones sobre la financiación ilegal de Podemos.

Fuentes próximas a La Moncloa apuntan a OKDIARIO que la cartera en manos de Delgado fue una de las principales dudas de Sánchez hasta el último minuto. El presidente del Gobierno decidía finalmente renovar el ministerio y nombrar para el cargo al juez Juan Carlos Campo, portavoz de Justicia del PSOE en el Congreso y actual pareja de su presidenta y miembro del PSC, Meritxell Batet. Apostaba así Sánchez por su prometida «desjudicialización» del «conflicto catalán» y por influir positivamente con un nuevo ‘gesto’ en la mesa de negociación pactada con ERC a cambio de su abstención en la investidura.

A cambio, era necesario reubicar a Delgado. Pese a los escándalos en los que se ha visto envuelta durante su mandato -tras hacerse públicas sus conversaciones con el ex comisario Villarejo, durante las que llamó «maricón» al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska- y su fracaso en las reformas de la Justicia que defendía en su etapa anterior, Sánchez la sitúa ahora al frente de la Fiscalía General del Estado.

Cataluña 

Delgado era la titular de Justicia cuando el Gobierno socialista exigió a la Abogacía del Estado que cambiase la calificación jurídica de los hechos del 1-O de rebelión a sedición, en contra del criterio mayoritario de los letrados. Una injerencia que obligó al Ejecutivo a cesar al abogado del Estado, y actual diputado de Ciudadanos, Edmundo Bal, tras negarse a firmar el escrito.

Además, la nueva fiscal general del Estado se negó como titular de la cartera de Justicia a apoyar al juez instructor de la causa del ‘procés’, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, ante la demanda civil que interpuso contra él el ex presidente de la Generalitat y prófugo de la Justicia española, Carles Puigdemont.

Citados Iglesias y Monedero 

Bolivia notificó a Margarita Robles, como ministra de Exteriores en funciones, que citaría a declarar a tres de los nombres clave en el lanzamiento e implantación de Podemos: Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero e Íñigo Errejón. Lo hacía en el marco de las investigaciones que lleva a cabo para esclarecer las relaciones de varios altos cargos del Ejecutivo de Evo Morales con el narcotráfico y el destino de ese dinero, y otros fondos opacos, al pago de iniciativas políticas de extrema izquierda.

Los pagos irregulares denunciados por el Tribunal supremo de Venezuela en el exilio, que investiga la Fiscalía General de Bolivia afectan a diferentes trabajos de asesoría prestados al Gobierno de Morales. Uno de ellos, el asesoramiento prestado por Juan Carlos Monedero para abordar la reforma constitucional del país andino y pensada para perpetuar en el poder al líder cocalero. Proyecto en el que también intervino, aunque en menor medida, Íñigo Errejón.