Sánchez acusa a PP y Vox de «comprar líneas editoriales» mientras él promete 100 millones a los medios

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.
• • 17/07/2024 10:43
  • Actualizado: 17/07/2024 11:19

Pedro Sánchez ha esbozado este miércoles en el Congreso su plan para la «regeneración democrática», aunque sin dar apenas detalles. En plena investigación contra su mujer, Begoña Gómez, por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, Sánchez ha enarbolado un discurso de tintes dramáticos para revestir ese plan, alertando, por ejemplo, de que «la democracia tiene viejos enemigos, pero con nuevas herramientas que cuestionan la realidad con los bulos», que «intoxican el debate público para socavar la convivencia y polarizar la sociedad». Un discurso grandilocuente para no concretar medida alguna.

En este contexto, Sánchez ha denunciado que «cada se producen en nuestro país miles de bulos, que acaban distorsionando de manera severa la comprensión que tenemos del mundo» y que «esos bulos han hecho que la gente crea que la economía va mal o que okupan su casa».

Sin embargo, apenas ha dado detalles y se ha remitido al reglamento sobre los medios de comunicación de la Unión Europea para avanzar nuevas medidas «de transparencia» que permitan que los ciudadanos «conozcan la propiedad de esos medios, la asignación de publicidad institucional y la medición de audiencias de los medios de comunicación privados.

“El reglamento europeo es muy claro: los ciudadanos deben conocer las fuentes de financiación de los medios, el nombre de sus accionistas y sus cifras de audiencia de forma honesta”, se ha limitado a destacar.

Sánchez ha avanzado así su intención de «limitar la financiación de las administraciones públicas para que no haya medios que tengan más financiadores públicos que lectores y que no haya partidos políticos que compren líneas editoriales con el dinero de los contribuyentes».

Además, sin concretar nada, ha propuesto «mecanismos de defensa del pluralismo y para evitar la concentración de los medios en pocas manos» y «para asegurar el derecho de los medios y consumidores frente a las grandes plataformas». También se ampliarán «las funciones y capacidades» de la Comisión Nacional de la Competencia.

100 millones

Al tiempo que acusaba a la oposición de «comprar líneas editoriales», Sánchez ha anunciado un «paquete de 100 millones para la digitalización de los medios». Irá destinado, ha dicho, a «crear bases de datos, desarrollar herramientas que mejoren la productividad y calidad informativa y a reforzar la ciberseguridad». Y será, ha asegurado, para «todos los medios que lo necesiten con independencia de su línea editorial».

Como ya había avanzado, se llevará a cabo también una reforma del derecho al honor y la rectificación. Además, se modificará la Ley de Seguridad Ciudadana «en lo relativo a la libertad de expresión» para «garantizar el derecho a la información veraz que reconoce el artículo 20 de la Constitución española».

«Esto es una buena noticia para todos, salvo para quienes han convertido la mentira en un negocio rentable. Esos son los únicos que deben estar preocupados», ha señalado el presidente socialista, que ha considerado que «las fake news no surgen por accidente, hay alguien que las fabrica» ligando esa estrategia al «voto a la ultraderecha». En resumen, ha insistido una vez más, los bulos «amenazan a la democracia».

«Evidentemente no es la misión ni la intención del Gobierno repartir carnés de fiabilidad entre los medios de comunicación», ha manifestado Sánchez, esgrimiendo que esa fiabilidad «se la tienen que dar los ciudadanos, pero sí es obligación de los poderes públicos desarrollar lo acordado en Europa», justificando así sus propuestas.

«Pseudomedios»

Pedro Sánchez anunció su plan de «regeneración» tras los cinco días de «reflexión» sobre su continuidad en La Moncloa, después de que el juez anunciase que llamaría a declarar a su esposa.

Desde entonces, ha venido insistiendo en la necesidad de «acabar con la impunidad» de la que, en su opinión, gozan los «pseudomedios». Es decir, los medios que revelan informaciones críticas contra él, su Gobierno o su familia.

Sánchez tiene en este plan una de sus prioridades de la legislatura y ha anunciado que «en las próximas semanas» iniciará una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para «proponer un plan de acción para proteger y fortalecer nuestra democracia». Hasta ahora, no formaba parte de su agenda política.

«Silenciar a los medios incómodos»

Desde el PP consideran que lo que busca con ese plan es «silenciar» y «acallar» a los medios que le resultan «incómodos» porque «destapan» casos de corrupción que afectan al Gobierno, como el relativo a la labor profesional de Begoña Gómez.

Gómez está imputada por los delitos de corrupción y tráfico de influencias y tendrá que declarar este viernes ante el juez Juan Carlos Peinado. La mujer de Sánchez está siendo investigada por las cartas que firmó para que su socio, Carlos Barrabés, reforzase sus opciones en sendos contratos del Gobierno, que acabó llevándose, por más de 10 millones de euros.

En su declaración ante el juez, Barrabés reveló que se había reunido con Sánchez en el Palacio de La Moncloa hasta en dos ocasiones. Unos encuentros que, desde el Ejecutivo, justifican señalando que el presidente se ve constantemente con empresarios y éste en concreto es un «pionero» en su ámbito, el comercio electrónico.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado que detrás de ese plan de «regeneración democrática» hay un «intento poco disimulado del presidente del Gobierno de silenciar a la prensa independiente».

En Génova la han bautizado como «ley de censura» porque, a su juicio, buscará «restringir la libertad informativa». El PP ya ha avisado que denunciará ante la Unión Europea a Pedro Sánchez si censura a los medios de comunicación.

El PSOE y Sumar han llegado además a un acuerdo para revisar el Código Penal en lo relativo a los delitos de injurias a la Corona y a otras instituciones del Estado o las ofensas contra sentimientos religiosos, algo que Sánchez no ha confirmado sin embargo este miércoles.