Rebelión en la Fiscalía: plantón a García Ortiz porque la reforma de Sánchez «sólo refuerza su poder»

Las dos principales asociaciones de fiscales han decidido no asistir a la reunión convocada para mañana 20 de mayo por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, dejándole prácticamente solo en su intento de consensuar la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) que impulsa el Gobierno de Pedro Sánchez.

Tanto la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera fiscal, como la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han comunicado oficialmente que no participarán en el encuentro, al considerar que la reforma sólo refuerza el poder del fiscal general sin introducir los contrapesos necesarios.

La decisión de ambas asociaciones supone un duro revés para García Ortiz, que verá cómo la reforma impulsada por el Gobierno para «reforzar la independencia» de la Fiscalía nace sin el respaldo de la mayor parte de los profesionales a los que representa. Sólo la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación minoritaria de la que el propio García Ortiz formaba  parte antes de su nombramiento –llegando a ser su portavoz–, mantendría a esta hora su presencia en la reunión.

La AF anuncia este lunes su decisión de no acudir al encuentro mediante un comunicado donde denuncia que la reforma «ha sido elaborada al margen de la carrera fiscal» y que «debilita al Consejo Fiscal, órgano de representación democrática de los fiscales, y consolida un modelo de concentración de poder en el FGE sin garantía alguna para el ejercicio independiente de la labor del fiscal investigador».

Cristina Dexeus, presidenta de la AF, ha sido contundente al afirmar que «la reforma demuestra un nulo interés en reforzar los mecanismos internos de control, y la actual Junta de Fiscales de Sala, fruto de nombramientos de afines, no puede ejercer una función real de contrapeso».

Además, ha añadido que «arrinconar y devaluar las funciones del Consejo Fiscal, verdadero órgano de representación democrática de los fiscales, da una cabal idea del nulo interés que esta reforma tiene en reforzar los mecanismos internos de contrapeso y balanza para limitar el poder absoluto del fiscal general del Estado».

Por su parte, la APIF ya había anunciado el pasado viernes su negativa a participar en la reunión, argumentando que sería una colaboración «estéril» porque el anteproyecto se ha hecho «a espaldas» de la asociación.

Pero además, añadió un motivo aún más contundente: asistir supondría prestarse a un «blanqueo» de la situación personal de García Ortiz, actualmente investigado por el Tribunal Supremo por presunta revelación de secretos en el caso relacionado con Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

«La concurrencia de la APIF a una reunión con el actual FGE no sería entendida ni por nuestros asociados ni por los fiscales en general, ya que, precisamente por haber recurrido su nombramiento y por estar personados en la causa penal contra el FGE podría considerarse como un blanqueo de la posición anómala en la que se encuentra el señor García Ortiz, que está afectando gravemente a nuestra carrera», indicó la asociación en una carta enviada al fiscal general.

El plantón de las dos asociaciones no resulta del todo sorprendente, ya que ambas habían manifestado su profundo desacuerdo con la reforma desde que el Consejo de Ministros aprobara el anteproyecto de ley el pasado 13 de mayo. Fuentes fiscales consultadas señalan que «hace tiempo que ambas asociaciones se levantaron de la mesa», refiriéndose a que la ruptura viene de lejos.

El pasado 10 de abril, García Ortiz se había reunido con los presidentes de las tres asociaciones de fiscales para acordar una metodología de trabajo de cara a la reforma, pero ese espíritu de colaboración se ha esfumado por completo. La AF ha calificado la reforma como «una operación más de maquillaje de cara al exterior, que no refuerza a la institución como tal, sino a la figura del fiscal general del Estado», y la ha considerado «muy poco ambiciosa» y «muy decepcionante».

La APIF, por su parte, lamenta que el Gobierno no aprovechara esta ocasión para «iniciar los trámites para remover (cesar) al fiscal general del Estado por incumplimiento grave de sus funciones», y ha denunciado que la reforma «blinda» a García Ortiz en su cargo al no modificarse el Estatuto para incluir como causa de cese «inmediato» que sea investigado por el Tribunal Supremo.

Reforma polémica

Entre los aspectos más controvertidos del anteproyecto destaca que los nombramientos discrecionales que antes proponía el fiscal general y aprobaba el Consejo de Ministros serán ahora competencia exclusiva del jefe del Ministerio Público, lo que según las asociaciones críticas, aumenta su poder sin los debidos controles.

También se cuestiona la reforma que permite a la Junta de Fiscales de Sala imponer su criterio al del fiscal general si cuenta con mayoría cualificada de tres quintas partes. Dexeus ha denunciado que dicho órgano «está ahora con sobrerrepresentación de la Unión Progresista de Fiscales», asociación de la que era miembro el propio García Ortiz.

Las asociaciones judiciales también han expresado opiniones sobre la reforma. Fernando Portillo, de Foro Judicial Independiente (FJI), mostró más cautela y advirtió que, a su juicio, «dar la instrucción a los fiscales tiene por fin controlar en mayor medida los procesos delicados, quitando de en medio a esos incómodos jueces independientes».