Por qué hay que botar a Sánchez, quedan 35 días: Pegasus burló la seguridad de Moncloa

• Patricia Rodríguez @prodriguezg
• Directora adjunta en OKDIARIO.
• • 25/10/2026 09:17
  • Actualizado: 25/10/2026 09:17

El 18 de abril de 2022, el Gobierno de Pedro Sánchez se vio envuelto en una grave crisis política y de seguridad nacional tras conocerse el espionaje con el programa israelí Pegasus a dirigentes independentistas. El escándalo adquirió una dimensión todavía mayor dos semanas después, cuando La Moncloa reconoció que también habían sido intervenidos los teléfonos del propio presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

La investigación de Citizen Lab, un centro especializado de la Universidad de Toronto, identificó al menos 65 personas que habían sido objeto de ataques o intentos de espionaje mediante los programas Pegasus y Candiru. Entre los afectados figuraban dirigentes de ERC, Junts y otras organizaciones independentistas, como Pere Aragonès, además de abogados y activistas.

La polémica se agravó el 2 de mayo de 2022, cuando el entonces ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, compareció de urgencia para anunciar que los móviles de Sánchez y Robles habían sido infectados con Pegasus durante 2021.

Los atacantes habían conseguido extraer 2,6 gigabytes y otros 130 megabytes de información del teléfono de Sánchez, en dos intrusiones realizadas en mayo de ese año. Del dispositivo de Robles se sustrajeron nueve megabytes en junio. Posteriormente se confirmó que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también había sido víctima del programa espía.

La revelación puso de manifiesto una importante brecha en la seguridad de las comunicaciones de los máximos responsables del Ejecutivo. Los ataques se habían producido aproximadamente un año antes de que La Moncloa los hiciera públicos, y el Gobierno no pudo determinar quién estaba detrás ni qué información concreta había sido obtenida.

El escándalo también desató una crisis con los socios parlamentarios de Sánchez. ERC y otros partidos independentistas exigieron explicaciones y responsabilidades políticas por las intervenciones a sus dirigentes.

El 5 de mayo, la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, compareció en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso y mostró las autorizaciones judiciales del Tribunal Supremo que amparaban el seguimiento de 18 dirigentes independentistas, entre ellos Pere Aragonès.

Sin embargo, cinco días después, el 10 de mayo, Sánchez cesó a Paz Esteban, pese a que el Gobierno había expresado públicamente su respaldo a la directora apenas una semana antes. La ministra Robles defendió su trayectoria y el cumplimiento de la legalidad por parte del servicio de inteligencia.

El cese recibió críticas del PP, Vox y Ciudadanos, que acusaron al Ejecutivo de ceder a las presiones del independentismo. El Gobierno, por su parte, justificó el relevo por la necesidad de afrontar las deficiencias de seguridad detectadas.

La controversia adquirió una nueva dimensión el 18 de mayo de 2022, cuando el Defensor del Pueblo confirmó que las 18 intervenciones del CNI examinadas se habían realizado respetando las garantías legales y las autorizaciones judiciales correspondientes. Esta conclusión no esclarecía, sin embargo, el origen del resto de ataques denunciados.

Cuatro años después, el espionaje a Sánchez y sus ministros continúa sin autor identificado. El 22 de enero de 2026, la Audiencia Nacional archivó por segunda vez la investigación ante la falta de colaboración de las autoridades israelíes.

El caso Pegasus dejó así dos consecuencias documentadas: una grave vulneración de las comunicaciones del presidente del Gobierno cuya autoría no ha podido esclarecerse y el cese de la directora del CNI en plena crisis política con los socios de Sánchez.