Puigdemont amplía su denuncia contra el juez Pablo Llarena para incluir al Reino de España

En las vistas preliminares del caso, la defensa de Pablo Llarena cuestionó la jurisdicción de las Cortes y Tribunales belgas y solicitó además que España pudiera personarse en la causa, una petición que prosperó y que los abogados de Puigdemont y de los otros cuatro políticos catalanes huidos con él a Bélgica han interpretado como una oportunidad para demandar también al Reino de España e invocar el derecho europeo.

España se personó de forma «voluntaria» en esta causa argumentando que los actos imputados a Llarena eran «actos de uno de sus órganos», de modo que el Reino de España pretende «asumir la responsabilidad de los actos de su órgano» y permiten a los demandantes que «amplían su demanda», según explica el escrito de la defensa de los políticos catalanes al que ha tenido acceso Europa Press.

En el texto, los demandantes acusan al Reino de España de cometer «violaciones sistémicas» del derecho europeo contra la «minoría catalana, sus movimientos políticos que buscan la independencia regional y sus representantes, en violación de los principios que residen en el Estado de derecho».

El equipo de Puigdemont y los cuatro ex consellers presentaron estos alegatos el pasado 13 de marzo y en próximas fechas le corresponderá a la otra parte presentar los suyos, en el marco de un proceso que se prevé largo porque incluirá varias rondas de intercambio de argumentos.

Los demandantes, además, cuestionan la inmunidad de jurisdicción que alega España para pedir que el fondo de este caso no sea examinado en los tribunales belgas y sostienen que se han violado varias directivas europeas que afectan a los procesos penales, además de atentado a los derechos fundamentales de los líderes independentistas.

Así, apuntan que dado que los actos que denuncian constituyen «violaciones» del derecho de la UE se puede reclamar responsabilidad al Reino de España y a sus órganos y señalan «el principio de la responsabilidad civil de los Estados miembros por el cargo de una violación del derecho de la UE.

Entre las razones evocadas por la acusación contra Llarena y España se describen órdenes de detención y entrega europeas «abusivas» y el hecho de que se les negara declarar por videoconferencia cuando fueron citados por la Justicia.

También argumentan que la orden de detención dictada en España atenta contra la libre circulación de los cinco reclamados y también vulnera el principio de ciudadanía europea, en tanto en cuanto no les permite regresar a su país.

Así las cosas, los abogados de Puigdemont reclaman al tribunal de Bruselas que examina el caso que presente una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que se pronuncie sobre si la inmunidad que alega España en este caso es compatible con el derecho comunitario.

Preguntado por si cree que esta causa puede tener alguna influencia en la que se está juzgando en el Tribunal Supremo en España, uno de los abogados de Puigdemont, Christophe Marchand, ha dicho a la prensa que esa influencia «no existe», porque el proceso en Bélgica «no va a concluir de inmediato, no antes de 2020».

«Lo que esperamos es que la Justicia belga haga lo mismo que haría con un juez belga», ha declarado Marchand. En la misma línea se ha expresado otro de los letrados de los políticos independentistas, Gonzalo Boye, quien ha apuntado que confía en que la Justicia belga dé el paso de elevar la cuestión al TUE y éste les «dé la razón».

Boye ha explicado, asimismo, que ha sido el paso del Gobierno de pedir que España pudiera personarse como parte en la causa lo que ha permitido a su equipo «ampliar el objeto y el marco de la demanda» civil.

En cuanto al calendario, el abogado ha apuntado que habrá intercambio de alegaciones durante «todo 2019» y que será entre «enero y junio de 2020» cuando se producirá la vista oral. «Es un procedimiento de largo recorrido», ha avisado.