El PSOE vota en contra de que la Guardia Civil sea profesión de riesgo 6 días después de Barbate

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.
• • 15/02/2024 17:17
  • Actualizado: 15/02/2024 17:46

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha admitido a trámite este miércoles -con el voto en contra del PSOE- una petición de la Confederación Española de Policía para que se debata la posibilidad que ser miembro de la Policía y la Guardia Civil se considere una profesión de riesgo.

En plena crisis por el asesinato de dos agentes embestidos por una narcolancha en Barbate (Cádiz) el PSOE se ha posicionado en contra de que se abra el debate sobre los problemas de seguridad a los que se enfrentan los agentes de la Guardia Civil y la Policía.

En concreto, la petición -a la que ha tenido acceso OKDIARIO- reclama a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo una directiva para armonizar y mejorar la legislación que otorga protección jurídica a los miembros de los cuerpos policiales que trabajan en la UE.

Además, piden «unas condiciones de trabajo justas y equitativas, que aseguren que todo trabajador de la seguridad pública tiene derecho a trabajar en condiciones que respeten su salud, su seguridad y su dignidad».

«Delito de agresión»

Igualmente, se pide a las autoridades europeas que se incluya el «delito de agresión, acometimiento o atentado contra un agente de policía, en la lista de Eurodelitos, estableciendo una definición común y unas penas mínimas para los distintos supuestos según su gravedad».

También se establecen las penas mínimas para ese delito, de al menos tres años en el caso de que se produzcan lesiones al agente que requieran asistencia médica o quirúrgica.

Finalmente, se insta a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo «a debatir y a adoptar una Directiva que regule las singularidades de las fuerzas policiales de los Estados miembros, para que se reconozca la condición de profesión de riesgo a todos sus cuerpos, con las protecciones jurídicas, las implicaciones económicas y las condiciones laborales que esta calificación genere, obligando a dotar con los medios materiales y humanos necesarios, así como la formación pertinente, a estos funcionarios para que puedan trabajar en condiciones que respeten su salud, seguridad y dignidad».

11.200 ataques

En la exposición de motivos, los proponentes destacan que «en países como España, donde los policías nacionales y guardias civiles sufren actualmente más de 1.400 ataques violentos al mes, se ha producido un incremento de las agresiones superior al 24% en los últimos 3 años, alcanzando más de 11.200 ataques violentos desde el comienzo de 2023 hasta el mes de agosto». 

Las asociaciones policiales denuncian que este aumento es consecuencia, principalmente, de «la sensación de impunidad de los agresores» por «la falta de protección jurídica de los policías». 

«El aumento de la difusión de imágenes en las que se observan agresiones contra policías, tanto en medios de comunicación masivos como en redes sociales, van acompañadas de informaciones que afirman que estos actos violentos se saldan con penas ínfimas o que, incluso, en numerosas ocasiones, los agresores no afrontan consecuencias penales ni administrativas», advierten. 

Así, señalan, «algunos delincuentes mantienen discursos en estos canales, jactándose de esta impunidad de manera capciosa, debilitando la imagen de la capacidad de las instituciones públicas para defender a sus ciudadanos y a sus propios empleados». «Esta situación anima a otros delincuentes o a las personas descontentas con la Administración, a emprender el camino de la violencia contra los policías». 

Las consecuencias de esa violencia son evidentes. Por un lado, los agentes «sufren lesiones físicas (suponiendo en ocasiones la pérdida de miembros y movilidad de los mismos) o la pérdida de su vida; y por otro lado, afecta a la salud psíquica, llevándoles a estados depresivos y ansiosos». 

«Por si fuera poco, existe una victimización secundaria de los policías en forma de desamparo institucional, referida a la inadecuada protección que reciben, una vez que entra en contacto con el sistema de justicia. El escaso o nulo reproche penal al agresor, la falta de resarcimiento en demasiadas ocasiones, la puesta en cuestión de su testimonio equiparándolo al del delincuente, o la penosidad de los procedimientos contra ellos iniciados como consecuencia de defenderse inciden en el daño moral que agota a los policías tras sufrir las agresiones». 

«En este contexto, los problemas psicológicos de los policías se multiplican de forma exponencial. Las afecciones de la salud psíquica conllevan riesgos graves para las personas», añaden, mencionando aquí la elevada tasa de suicidios en el colectivo. 

La votación se ha producido en plena crisis por el asesinato de Barbate y deja clara la postura del PSOE a la hora de conceder más protección a los agentes de la Policía y la Guardia Civil. Cabe recordar que ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, han acudido a la localidad gaditana tras el suceso.

Lo llevó el PP

Fue el Partido Popular quien apoyó esta petición española realizada ante el Parlamento Europeo. Ante la posición del PSOE y otras fuerzas de la izquierda española, desde Bruselas el PP asegura que «lamentamos que el PSOE haga maniobras inconstitucionales para proteger a un prófugo, pero dé la espalda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando éstas piden más protección».

«En nada se diferencia el PSOE de sus socios de extrema izquierda e independentistas», señalan desde el PP.