El PSOE usa la crisis de la Justicia gratuita creada por Carmena en Madrid para desgastar a Almeida

Los socialistas madrileños no han perdido la oportunidad de atacar al regidor del Ayuntamiento, José Luis Martínez-Almeida, al hilo de la ‘crisis’ de la Justicia gratuita de la capital que dejó en herencia la anterior alcaldesa, Manuela Carmena, al privatizar el servicio que, tradicionalmente, venía prestando el Colegio de Abogados de Madrid.

Representantes del Grupo Municipal del PSOE de Madrid registraron una proposición -para su debate y posterior votación en el Pleno de este miércoles- con la intención de que el ente municipal, gobernado por el PP en coalición con Ciudadanos, desista del procedimiento de licitación del “Servicio de Orientación Jurídica Gratuita Generalista para personas usuarias de los Centros de Servicios Sociales y de los Centros Municipales de Mayores del Ayuntamiento de Madrid” que Carmena sacó a concurso dos días antes de las elecciones locales del 26 de mayo.

Jurídicamente complejo 

El regidor popular, Martínez-Almeida, busca desde su llegada al cargo una solución, conforme a Derecho, para revocar la herencia ‘envenenada’ de su predecesora en el cargo, Manuela Carmena, cuyo Gobierno municipal decidió poner fin a la prestación gratuita del servicio -que el ICAM venía atendiendo de forma regular, desde 1989, mediante la modalidad del convenio.

Carmena tomó la decisión de prorrogar el acuerdo vigente y convocó un concurso público apenas 48 horas antes de los comicios del pasado 26 de mayo. Fecha en la que perdió la Alcaldía. Para ello, Almeida ha encargado a los letrados municipales que estudien las alternativas jurídicas y anular el concurso, dejarlo desierto o revertir la licitación. Así se lo trasladaba al decano del ICAM, José María Alonso, en una reunión mantenida entre ambos el pasado viernes.

El ICAM planteó, antes de verano, un recurso contencioso-administrativo contra la iniciativa de Carmena, en el que solicitaba medidas cautelares para la suspensión provisional de la concesión del Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) Gratuita a dos empresas privadas, ya que la tercera que presentó candidatura quedó excluida de la selección al no subsanar en tiempo y forma varios defectos de base.

Siguiendo el mismo criterio, la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (Altodo), presentó otra impugnación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el día 6 de julio.

Fuentes municipales apuntan a OKDIARIO que la voluntad del regidor popular es desenquistar un escenario, jurídicamente complejo, sin necesidad de esperar a la resolución de los tribunales.

Vulnerables

Por su parte, el decano del ICAM, ha calificado de satisfactoria la iniciativa de los socialistas para que el Ayuntamiento desista de la polémica licitación, a través de un comunicado oficial emitido este mismo miércoles.

«Reitero que una de las razones por las que procede esta solicitud de allanamiento es que este Servicio de Orientació Jurídica (SOJ) Municipal está destinado a personas en situación de especial vulnerabilidad social», ha señalado Alonso.

Para insistir en la petición que su institución -junto con otras asociaciones profesionales como Altodo- ha trasladado al Consistorio: que inicie los trámites administrativos necesarios para «firmar durante este mes de octubre» un nuevo «convenio de colaboración» entre el ente municipal y  «el ICAM para la orientación jurídica gratuita a los usuarios, retomando el sistema de subvención directa para los ejercicios futuros».

Esto es, confirmando el modelo, «sin ánimo de lucro», que se ha utilizado hasta la fecha. Y retomando la actividad que ha quedado interrumpida desde el día 1 de septiembre,

El ICAM sostiene que no puede articularse la prestación de dicho servicio del SOJ -atendiendo a lo dispuesto en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita- recurriendo a «empresas privadas del sector» que incorporarán el «ánimo de lucro», en detrimento de la calidad del mismo.