España

El PSOE sigue la política exterior de Podemos: pide en Bolivia los observadores que no exige con Maduro

La Fiscalía General boliviana ha pedido que testifique Pablo Iglesias por los posibles pagos de Evo Morales

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una proposición no de ley (PNL) sobre «la Protección de la Democracia y los Derechos Humanos en el Estado Plurinacional de Bolivia». En ella adopta las tesis de Podemos contrarias a la fiabilidad de ese Gobierno y exige a Pedro Sánchez que solicite «al Gobierno interino del Estado Plurinacional de Bolivia que garantice la celebración de unas nuevas elecciones libres, transparentes, pacíficas e inclusivas, en la que concurran y se respeten los derechos de participación y libertad de expresión de todas las candidaturas». El texto de los socialistas asume todas las críticas de Podemos a un Gobierno que reemplazó al aliado de la formación morada Evo Morales. Y lo hace justo cuando la Fiscalía General de Bolivia ha pedido que testifique Pablo Iglesias por los posibles pagos de Morales.

La PNL, además, insta «a la Organización de Estados Americanos y a la Unión Europea para que garanticen la presencia de observadores internacionales e independientes que verifiquen la limpieza e imparcialidad del proceso, y que aseguren que sea el pueblo boliviano quien decida libremente su futuro sin injerencias externas basadas en intereses geopolíticos selectivos». Una petición que pone en tela de juicio la credibilidad del proceso electoral en Bolivia.

El texto elaborado por los socialistas adopta, de este modo, todas las críticas de Podemos al actual de Gobierno que, entre otras cosas, investiga los pagos de Evo Morales a los impulsores de Podemos -Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero e Íñigo Errejón-.

La Fiscalía General de Bolivia igualmente ha solicitado la testifical de José Luis Rodríguez Zapatero y Baltasar Garzón por este mismo motivo.
Los socialistas destacan en su PNL que «el 20 de octubre de 2019 tuvieron lugar las últimas elecciones generales celebradas en Bolivia en un contexto de alta conflictividad que desencadenaría en una crisis política el 10 de noviembre de dicho año después de 21 días de protestas de la oposición contra el Gobierno del otrora presidente Evo Morales».

El PSOE destaca que la «Ley Electoral boliviana establece que la Presidencia será alcanzada por el candidato aquel o aquella que supere el 50% de los votos o que sobrepase el 40% de los votos con una diferencia de 10 puntos sobre el segundo o segunda más votada. En caso de que ningún candidato alcanzase esos porcentajes, aquellos dos candidatos más votados habrán de competir por la presidencia en una segunda vuelta dos meses después. Asimismo, la Constitución Boliviana vigente, aprobada en 2009, establece en su artículo 168 que: el periodo de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua».

Segunda vuelta

«Tras la aprobación de la nueva Constitución y habiendo sido Evo Morales reelegido para un segundo mandato, el Gobierno boliviano convocó para febrero de 2016 un referéndum de reforma constitucional para modificar el artículo 168 y permitir al presidente Morales volver a presentarse en 2019. Sin embargo, y pese a que la consulta fue rechazada por el 51,3% de los votos, el Tribunal Constitucional Plurinacional fallaría en 2017 a favor de una repostulación indefinida».

La PNL añade que «con estos antecedentes se llevaron a cabo unos comicios en los que, a las 19:50 horas de Bolivia, se interrumpiría el sistema de transmisión de los resultados electorales preliminares (TREP) cuando únicamente habían sido cargados el 83,76% de las actas. En ese momento, y según datos oficiales, existía una diferencia entre los dos primeros candidatos (Evo Morales 45,28% y Carlos Mesa 38,16%) que anticipaba la celebración de una segunda vuelta.

Sin embargo, 24 horas después se reanudaría la publicación de los resultados y, con el 95,37% de los votos escrutados, Morales obtuvo un 46,86% de los votos frente al 36,72% de Mesa, evitando así la segunda vuelta. Fruto de las irregularidades, la Organización de Estados Americanos (OEA) convocó a un grupo de especialistas para que auditara el proceso electoral, concluyendo que las fallas identificadas en la seguridad de los procesos vinculados a la transmisión de las actas, que fueron asimismo confirmadas de manera independiente por una auditoría privada contratada por el ente electoral, no podrían certificar el resultado de la elección».

La PNL explica que «paralelamente, un sector de la población, fuerzas políticas opositoras y del propio Estado tales como las fuerzas armadas y la policía nacional, sugirieron al presidente Morales dimitir de su cargo para pacificar el país. Ante este escenario, el presidente Morales convocaría unas nuevas elecciones y renunciaría a su cargo el 10 de noviembre del pasado año y, tan sólo dos días después, un Senado reunido sin quórum ni participación del partido mayoritario Movimiento al Socialismo (MAS), nombró como Presidenta interina a la senadora Jeanine Áñez, que promulgaría la ‘Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización de Elecciones Generales’».

Sea como sea, lo cierto es que el PSOE pone el acento en Bolivia y deja de lado Venezuela. Justo en plena investigación de los pagos de Morales a los impulsores de Podemos.