España
Ley de amnistía

El PSOE rechazó la reforma acorta-plazos que ahora ofrece a Junts argumentando que «beneficia a corruptos»

Fuentes del PP recuerdan que el ex ministro Campo defendió no acortar los plazos de instrucción, como Nogueras

Señalan que los socialcomunistas dijeron entonces que hacerlo podría afectar a causas de "violencia de género"

El PSOE rechazó por «beneficiar a corruptos» la reforma que ahora ofrece su secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los independentistas de Junts para que aprueben la amnistía en el Congreso tal y como está redactada en la actualidad, esto es, sin incluir todo el terrorismo ni el delito de alta traición, elementos que exige el partido de Carles Puigdemont.

El jefe del Ejecutivo puso sobre la mesa este lunes la posibilidad de modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) para acortar las instrucciones de los jueces. Y lo planteó como gesto hacia a Junts para que vote a favor de la Ley de Amnistía, que ha sido devuelta a la Comisión de Justicia tras no superar la pasada semana la votación de conjunto en el Pleno.

Sánchez señaló que en las últimas semanas, en alusión a las prórrogas de las causas de Tsunami y la trama rusa del procés, se han visto «instrucciones que se prolongan y que incluso los propios fiscales han puesto en cuestión». De esta manera, el jefe del Gobierno ha sugerido que estas últimas decisiones judiciales podrían poner en peligro que algunos líderes independentistas como el expresidente catalán, Carles Puigdemont (Junts), se pudiesen acoger a la amnistía.

Sin embargo, cabe recordar que en septiembre de 2019 el PSOE y el resto de grupos parlamentarios, con excepción del PP, llegaron a defender en el Pleno del Congreso la necesidad de derogar el artículo 324 de la LeCrim, que tras una reforma auspiciada por el PP en 2015 fijó en 6 meses el plazo máximo para la instrucción de los procesos carácter general y en 18 meses para las investigaciones expresamente declaradas complejas a petición del Ministerio Fiscal. Los socialistas y sus socios esgrimieron que la reforma del PP había supuesto serias dificultades para que en plazos tan cortos se pudieran investigar delitos de causas muy complejas.

Aquello fue el preludio de lo que vendría pocos meses después, tras la elecciones del 10-N y la formación del Gobierno de PSOE-Podemos en enero de 2020. En su debate de investidura, el 4 de enero de aquel año, el propio Sánchez avanzó una modificación del artículo 324 de la LeCrim para «eliminar el plazo de instrucción, que no es sino una limitación para luchar contra la corrupción política». Así, el primer Ejecutivo socialcomunista de la Democracia desplegó su plan a través de una proposición de ley de Podemos, que planteaba de partida en su redacción la derogación de dicho precepto.

Finalmente, fueron introduciendo enmiendas y los socialcomunistas optaron por ampliar de 6 a 12 meses el plazo para finalizar una instrucción. También se eliminó el techo de 36 meses reservado para causas especialmente complejas, de modo que a partir del año de instrucción, las partes podrían instar «prórrogas sucesivas por periodos iguales o inferiores a seis meses», indefinidas, siempre que el juez justificara debidamente la ampliación del plazo. Este texto llegó al BOE en el mes de julio de 2020. Todo ello con el beneplácito del entonces ministro de Justicia, el socialista Juan Carlos Campo, actual magistrado del Tribunal Constitucional.

Alarma social

Precisamente, en el debate de toma en consideración de dicha iniciativa, que se celebró en el Pleno del 18 de febrero de 2020, la diputada del PSOE que tomó la palabra, Isaura Leal, argumentó que «la necesidad de obtener una justicia ágil», como propone ahora Sánchez a los separatistas encausados, «no puede ser excusa ni para la precipitación en la instrucción ni mucho menos para la impunidad».

«Aquellos (jueces) que tienen causas complejas como son, entre otros, los casos de corrupción, los presuntos corruptos, el crimen organizado, aquellos que cuentan con medios poderosos para su defensa, esos sí son los que se ven beneficiados por este artículo 324». «Una situación que genera alarma social y provoca un riesgo de impunidad inaceptable y con el que es necesario acabar», subrayó la diputada socialista.

«Un Estado de derecho, señorías, no puede permitir, no nos podemos permitir que por vericuetos legales estos sean utilizados como antesala de la impunidad o, incluso, de absoluciones que impliquen desprotección e indefensión para las víctimas de graves delitos como son las víctimas de violencia de género y la ciudadanía en su conjunto», añadió Isaura Leal.

«Nuevo cambio de opinión»

Por su parte, fuentes del PP denuncian que este «nuevo anuncio» de Sánchez vuelva a ser un «nuevo cambio de opinión», puesto que el presidente socialista ha pasado de «derogar los plazos de instrucción a querer ahora acortarlos», en línea con la reforma del Ejecutivo de Rajoy.

Las fuentes de Génova recuerdan a Sánchez que en 2019, con su Gobierno en funciones, su portavoz de Justicia en el Congreso y luego ministro del ramo, Juan Carlos Campo, defendió esta medida. Y también lo hizo, apuntan, la juez y diputada de Podemos Victoria Rosell, más tarde alto cargo del Ejecutivo, que habló de los «peligros» de acortar los plazos de las investigaciones, en tanto podían afectar, a su juicio, a causas por delitos sexuales, delitos contra menores y malos tratos. «¿Está dispuesto Pedro Sánchez a volver a perjudicar a las mujeres, como con la Ley del Sí es sí, solo para seguir en La Moncloa blindando la amnistía para Puigdemont?», lanzan desde el PP al presidente del Gobierno.

En este contexto, las fuentes del PP enfatizan que «lo más llamativo es que los cambios de opinión de Sánchez se extienden entre sus socios», remitiendo a la hemeroteca de cómo «todo el Congreso, salvo el PP, votó a favor se esa iniciativa, que también contó con la defensa de Míriam Nogueras». La diputada de Junts dejó claro que «no puede haber límites sin los recursos asociados», precisan las fuentes de Génova reproduciendo sus palabras de entonces.

«Y en 2020, con su continuidad en Moncloa blindada, Sánchez amplió el límite temporal de las instrucciones de 6 a 12 meses. Ahora, sin embargo, quiere dar marcha atrás: ¿En qué punto de la fachosfera estaba cuando aprobó lo que hoy quiere derogar?», preguntan los populares al inquilino de la Moncloa, humillado por Junts en la tramitación de la amnistía.