PSOE y Junts pactan comisiones de investigación para corregir a los jueces en casos ajenos al 1-O

El acuerdo del PSOE con Junts contempla la constitución en el Congreso de comisiones de investigación para corregir a jueces y fiscales y poder incluir así en la amnistía también a condenados y procesados por causas ajenas al golpe independentista como, por ejemplo, la ex presidenta del Parlament Laura Borràs, condenada a cuatro años y medio de cárcel por prevaricación cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas.

Los 7 votos que el líder socialista necesita para su investidura no sólo tenía el precio de la amnistía para los condenados y encausados por los hechos delictivos que desembocaron en el 1-O. Carles Puigdemont exigía extender los beneficios de la impunidad a sus colaboradores inmersos en procedimientos judiciales que nada tienen que ver con el desafío que el ex president y Oriol Junqueras lideraron contra el orden constitucional.

Este punto del acuerdo es una consecuencia más de la aceptación por parte del PSOE del relato independentista, según el cual el Estado utilizó a jueces y tribunales para la persecución política de la causa separatista. La falsa y manida «judicialización de la política», siempre en boca de los líderes que provocaron el desafío del 1-O. Y ahora también en los del PSOE.

PSOE y Junts se han comprometido a que la futura ley de amnistía incluya tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados al proceso golpistas, «estos eventos», según definición del acuerdo firmado por el PSOE con Junts.

Sin embargo, casos como los de Borràs o Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont procesado por blanqueo de capitales del narcotráfico, no tienen encaje en el espíritu de la amnistía, al tratarse de procedimientos ajenos a los hechos delictivos que desembocaron en el referéndum ilegal de 2017.

Puigdemont exigía que la ley de amnistía se aplicara a estos casos que, a su juicio, implican «un uso estratégico de las leyes para perjudicar a disidentes». De ahí que, para conseguir también su impunidad, el acuerdo del PSOE con Junts establece que «las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas».

La mayoría que el PSOE ha logrado armar en el Congreso permitirá controlar estas comisiones de investigación. Sus conclusiones, según la Constitución, «no serán vinculantes para los tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas». Y como dijo Sánchez en su día: «¿De quién depende la Fiscalía? Pues ya está…»