El PSOE defendía hace 2 meses los traslados de inmigrantes a la Península que ahora intenta ocultar

El Gobierno sigue empeñado en negar los traslados de inmigrantes ilegales a la Península, pese a la evidencia. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, rechazó de plano la posibilidad el pasado 20 de noviembre en Marruecos, donde aseguró que supondría alentar una vía de «entrada irregular en Europa» y apostó, en su lugar, por la repatriación para no provocar un «efecto llamada». Apenas un mes antes, en el Senado, el PSOE defendía, en una enmienda a una moción de Coalición Canaria, la distribución de irregulares por la Península como método para aliviar la presión migratoria de las islas.

El 23 de septiembre, Coalición Canaria registró una iniciativa en la Cámara alta en la que alertaba de la saturación del archipiélago por la llegada de inmigrantes. Un aviso que, sin embargo, y a la vista de la posterior sucesión de los acontecimientos, no fue atendido por el Gobierno. La moción no ahorraba en críticas a la actuación del Ejecutivo.

«Pese al constante incremento en la llegada de migrantes a nuestras costas frente al descenso en el territorio peninsular, y las constantes advertencias al Gobierno del Estado sobre el creciente flujo en la costa atlántica, la respuesta de los diferentes Ministerios ha llegado tarde y, en algunos casos, ni siquiera ha llegado a producirse», reprochaba el partido canario.

Se afeaba, asimismo, «la ausencia de una respuesta coordinada por parte del Gobierno o la inexistencia de un órgano que coordine las líneas de actuación del Ejecutivo en las islas para hacer frente a un drama que ha acabado con miles de vidas y que supone, en estos momentos, un grave problema que amenaza con colapsar los servicios públicos ante los efectos paralelos de la pandemia del coronavirus». Y se avisaba de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estaban «desbordadas» y de que los equipos de vigilancia eran inexistentes.

Por ello, entre otras medidas, se instaba al Gobierno a «la distribución solidaria» de los inmigrantes que se encontraban «hacinados» en Canarias «entre los diferentes centros de internamiento de extranjero que existen en la Península para desbloquear la actual situación de desbordamiento que existe en el archipiélago».

El PSOE aceptó la iniciativa, que se debatió el 6 de octubre, y suscribió varias enmiendas. En una de ellas, en concreto, se compartía la necesidad de una «distribución solidaria» de los inmigrantes ilegales «entre los diferentes dispositivos de acogida humanitaria disponibles en la Península».

El Gobierno, en cambio, rechaza ahora sistemáticamente que esté organizando traslados, pese a las informaciones que demuestran todo lo contrario. A la polémica por los 200 inmigrantes ilegales llegados a Granada durante el pasado puente se suman los casi 400 a la Comunidad Valenciana -como reveló OKDIARIO- y decenas más a otros puntos del país.

Este periódico publicó además este jueves la prueba definitiva para demostrar no sólo el conocimiento que Interior tiene de la llegada de vuelos regulares desde Canarias hasta otras provincias, sino de la coordinación que existe y que está plasmada en minutas policiales, con los escudos del Ministerio de Marlaska impresos junto al membrete de la Brigada de Extranjería de la Dirección General de la Policía.

Bajo el título ‘Instrucciones operativas para el apoyo al aeropuerto de Manises’, se dan las indicaciones «sobre el control a realizar a la entrada de extranjeros llegados desde las islas Baleares o Canarias y que, habiendo entrado de manera irregular en España (patera, cayuco, etc) arriben a los diferentes aeropuertos o puertos de la Comunidad Valenciana”.

«Efecto llamada»

El ministro del Interior, tras su encuentro en Marruecos de noviembre y preguntado por la cuestión, aseguraba rotundo, para rebatir esa medida: «Hay que luchar contra la emigración irregular, y evitar que se establezcan vías de entrada irregular a Europa». Marlaska destacaba entonces que «las políticas migratorias son del conjunto de la UE, y no sólo de España».

El Gobierno niega los traslados y afirma que, en todo caso, se limitarían a casos «puntuales», perfiles susceptibles de «protección internacional», cuando la evidencia demuestra que se trata de traslados masivos.

De hecho, el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, admitió hace unas semanas que «el grueso de los inmigrantes que están llegando son expulsables».

«Nuestra obligación es acoger a las personas vulnerables o a las que han solicitado protección internacional de asilo», continuó el ministro, pero, añadió, «la realidad es que la mayoría de los que están llegando a Canarias no cumplen esa tipología; son magrebíes, personas jóvenes en perfectas condiciones».  Escrivá, al contrario de Marlaska, sí se mostró partidario de los traslados, siempre y cuando se pactasen con las autoridades de las comunidades de destino, algo que no ocurrió en el caso de los inmigrantes de Granada.