Los propietarios temen que Sánchez maniobre para blindar a los okupas tras la caída del decreto ‘ómnibus’

• Segundo Sanz @SegundoSanz
• Información política, PP, Congreso y Senado
• • 24/01/2025 06:49
  • Actualizado: 24/01/2025 06:49

Los propietarios temen que el Gobierno de Pedro Sánchez maniobre ahora para blindar a los okupas a los que beneficiaba con el decreto ómnibus (cajón de sastre) antes de que este texto fuera derogado el pasado miércoles por el Congreso de los Diputados con los votos de PP, Vox, UPN y Junts. Una preocupación extendida entre las asociaciones de afectados por okupaciones, según las fuentes consultadas.

Se da la circunstancia de que Sánchez había legislado a favor de la inquiokupación, al definir como vulnerables a quienes ingresan hasta 1.800 euros al mes, una cuantía que se incrementa por hijos o dependientes a cargo hasta los 3.000 euros. Ello explica que los propietarios lleguen a exigir a los inquilinos nóminas de hasta 2.000 euros (pues quienes cobran hasta 1.800 pueden declararse vulnerables con arreglo a la ley) y fianzas de hasta 4.000 euros.

El amparo gubernamental al inquiokupa hunde sus raíces en el real decreto 11/2020 para paliar las consecuencias de la crisis del Covid, algunas de cuyas medidas se han ido prorrogando en sucesivos reales decretos y recogido, en lo que respecta a los grandes tenedores, en la Ley de Vivienda de 2023. Concretamente, la disposición final quinta de dicha norma inadmite las demandas de los grandes tenedores que quieran recuperar una vivienda si en ésta vive una persona vulnerable.

La derogación del decreto ómnibus con el que Sánchez pretendía prorrogar hasta finales de 2025 el citado RD 11/2020 que suspendía los procedimientos de desahucio de inquiokupas -y de okupas, pues también preveía la suspensión aunque el inquilino no tuviera título habilitante- posibilita ahora que los propietarios afectados puedan ir al juzgado y reclamar que se alce la suspensión de sus procesos. También la caída del polémico decreto permitirá que bien se celebre el juicio correspondiente, o bien se ejecute el correspondiente lanzamiento.

No obstante, según las mismas fuentes, las asociaciones de damnificados que llevan 5 años sufriendo los efectos de un real decreto que «legalizaba de facto» la okupación y la inquiokupación, no las tienen todas consigo, pues sospechan que el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez tratará de prolongar el «vía crucis» de los propietarios recurriendo a «algún tipo de argucia legal», señalan las fuentes.

Desde el PP explicaron que uno de los motivos por los que rechazaron en el Congreso el pasado miércoles la convalidación de este decreto ómnibus es la protección a los okupas que incluía. Los populares subrayaron que este RD pro-okupas del Gobierno de Sánchez lo que hacía era «obligar a los propietarios a seguir pagando de su bolsillo los gastos de su vivienda ocupada con la imposibilidad de recuperarla».

Este jueves, en su visita a Fitur, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se refirió precisamente a este controvertido decreto que incluía un batiburrillo de medidas variopintas e inconexas. Ante las acusaciones de «irresponsable» que le lanzaron los socialistas, Feijóo fue claro sobre la posición de su partido: «Sí a la subida de las pensiones, no a regalar privilegios e inmuebles a sus aliados nacionalistas; sí a la bonificación del transporte público y no a la subida de la luz y de los alimentos a través del IVA; y sí a las ayudas a los valencianos y no a la okupación ilegal», manifestó el jefe de la oposición, que este viernes se reunirá en Barcelona con agentes sociales del sector de la vivienda acompañador del presidente del PP catalán, Alejandro Fernández.

La maniobra de Díaz

Entretanto, prueba de que el Gobierno está dispuesto a maniobrar todo lo posible con tal de que sigan vigentes medidas incluidas en el decreto ómnibus derogado, es la reacción que ha tenido Yolanda Díaz (Sumar) en el Ministerio de Trabajo respecto al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que también formó parte de ese revoltijo de medidas. El departamento de Díaz, a través de la Dirección General de Trabajo, ha dictado una instrucción para que no se pueda pagar un salario mínimo interprofesional inferior al establecido para 2024 (1.134 euros al mes por catorce pagas).

Esta instrucción responde a que, con la derogación del decreto ómnibus tras la votación del miércoles en la Cámara baja, el SMI deja de ser de 1.134 euros al mes por catorce pagas y vuelve a la cifra de 2023, que era de 1.080 euros mensuales.