El presidente de una asociación españolista trolea a Iglesias intentando empadronarse en su casoplón

El presidente de la plataforma ‘Salvemos España’, Alejandro Salvador, ha solicitado su empadronamiento en el chalet de Galapagar en el que viven el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias y la ministra de Igualdad, Irene Montero.

La idea surgió tras la viralización de una noticia falsa en la que se se aseguraba que el Gobierno había aprovechado el estado de alarma para obligar a los ayuntamientos a permitir la ocupación ilegal de viviendas y facilitar el empadronamiento de los ‘okupas’.

Lo cierto es que, a pesar de que posteriormente se demostró que esto no era así, la asociación llevó a cabo una iniciativa en la que el presidente de ‘Salvemos España’ presentó una petición telemática fechada en este martes para empadronarse en el casoplón que poseen los dos líderes de Podemos en La Navata, Pablo Iglesias e Irene Montero.

En el documento de inscripción, al que ha tenido acceso OKDIARIO, se expone lo siguiente: «Solicito encarecidamente por vía telemática, en base a la actual situación de confinamiento, el alta de pleno derecho en el registro censal y en el padrón de la localidad, en base a la solicitud de mi declaración jurada, en los mismos términos y derechos que el resto de vecinos del municipio, tal y como establece el Real Decreto anteriormente citado. Tengan a bien mi solicitud ajustada a legalidad vigente, les saludo atentamente”.

El presidente de la asociación registró la petición sujeta a la normativa que en la redes sociales se viralizó falsamente como fruto de una reforma actual, cuando en realidad existe redactada así desde que apareció en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 24 de marzo de 2015. Además, este texto proviene de resoluciones previas sobre esta materia que habían sido dictadas en el año 1997.

¿Qué ha cambiado entonces?

La creciente falta de confianza en el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha aprovechado el estado de alarma para, entre otros asuntos, la creación de 14 direcciones y subdirecciones en sus ministerios, ha provocado que los ciudadanos estén cada vez más atentos a las publicaciones del BOE.

Lo cierto es que la normativa de empadronamiento viene derivada de la necesidad de los municipios de conocer su número de habitantes y ha sido comunicado de nuevo debido a una modificación de uno de sus apartados tras una sentencia de la Audiencia Nacional. Este cambio no facilita el empadronamiento en casas ocupadas ilegalmente, sino que responde a una denuncia previa de Cáritas en la que se pedía que todos los menores, incluidos los extranjeros, tengan los mismos requisitos de identificación para la inscripción en el padrón municipal.