El PP promoverá avales del Estado para que los jóvenes puedan financiar al 100% sus viviendas
El Partido Popular defenderá una política de vivienda radicalmente opuesta a la ley bolivariana de Pedro Sánchez para llegar a La Moncloa. La propuesta pivota en torno a un atractivo paquete de incentivos fiscales y medidas para proteger a propietarios e inquilinos. Muy alejada de las políticas de intervención de precios y ataques a la propiedad privada del Gobierno socialcomunista. Entre las medidas más destacadas se incluye que el Estado avale a los jóvenes en la compra de su primera vivienda, para que puedan financiar la totalidad de su cuantía.
En concreto, el Grupo Parlamentario Popular llevará al debate en el Congreso una proposición no de ley para incentivar el acceso a la vivienda. En el texto, consultado por OKDIARIO, se recoge una batería de medidas como los «avales del Estado que cubran hasta el 100% de la cuantía de compra, en créditos hipotecarios a la primera vivienda para jóvenes entre 18 y 35 años».
El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ya sugirió este jueves, en un desayuno informativo del Fórum Europa, esta medida, al apuntar que los institutos de crédito oficial de las comunidades autónomas podrían avalar la compra de vivienda por parte de jóvenes. «Es la única manera de facilitar el acceso a la vivienda. Nunca se han solucionado los problemas poniendo una barrera a la oferta», ha criticado García Egea.
La medida funciona ya en la Comunidad de Murcia, donde el Gobierno regional avala el 20% del valor del inmueble, de forma que los nuevos compradores no precisan disponer de los aproximadamente 35.000 euros que de media son necesarios para hacer frente al pago de la entrada de una casa. El Ejecutivo de López Miras calcula que se podrán beneficiar hasta 700 jóvenes.
La Comunidad de Madrid también anunció en septiembre la puesta en marcha del programa Primera Vivienda, con una línea de 12 millones de euros para avalar unas 5.000 hipotecas de jóvenes de hasta 35 años, en la compra de la primera vivienda.
Se trata de una medida que ya funciona con éxito en otros países europeos, como Reino Unido, y que ha sido reclamada tanto por las promotoras como por la banca, a través de la iniciativa de Ana Botín, presidenta del Santander.
Deducciones
Entre las medidas del PP se busca también la «mejora de la seguridad jurídica de los arrendatarios ante situaciones de impagos o incorrectos usos de las viviendas mediante un seguro de impago del alquiler, que incluya la asistencia jurídica necesaria».
El objetivo es «atraer al mercado de alquiler pisos de propietarios privados cuyos arrendadores suscriban contratos de alquiler con menores de 35 años», posibilitando «mediante un aval garantizado» un contrato de «alquiler seguro, tanto para arrendadores como arrendatarios».
Asimismo, los jóvenes de entre 18 y 35 años, que vivan de alquiler, podrán deducirse en el IRPF hasta un máximo de 1.200 euros. Una deducción que se mantendrá para los menores de 40 años, cuando declaren familiares a su cargo o se encuentren en situación de desempleo.
El plan contempla un amplio plan de incentivos fiscales para el alquiler de vivienda joven, como la «reducción del Rendimiento Neto positivo hasta un 100%, cuando el arrendatario del bien inmueble destinado a vivienda tenga una edad comprendida entre 18 y 35 años y unos rendimientos netos del trabajo o de actividades económicas superiores al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)».
El PP defiende además incentivos fiscales a la rehabilitación de vivienda -«especialmente enfocada a edificios sitos en los centros urbanos de las ciudades para así, también, contribuir a su revitalización»- si se destina a alquiler para personas jóvenes entre 18 y 35 años.
La propuesta recoge una deducción para las sociedades de alquiler o personas jurídicas cuyo objeto principal sea la promoción del arrendamiento, «en los supuestos de arrendamiento de bienes inmuebles destinados a vivienda que favorezcan a colectivos con mayores dificultades de acceso a la vivienda tanto por edad como por nivel de renta».
Para el PP, «el principal problema es la escasez de oferta, que provoca que los precios estén a niveles que chocan con la capacidad de acceso a la demanda media».
En febrero, los populares ya presentaron una iniciativa en el Congreso -que fue rechazada por PSOE y Podemos- en la que se defendían incentivar la salida al mercado residencial de los inmuebles vacíos, pero mediante incentivos fiscales y seguros de alquiler para propietarios. La propuesta recogía también un incremento de la deducción fiscal a los arrendadores por los ingresos de la renta de alquileres, sobre todo cuando los arrendatarios sean jóvenes o mayores de 65 años con bajos ingresos.
Recurso ante el TC
Pablo Casado anunció este miércoles que su formación llevará al Tribunal Constitucional la ley de Sánchez que obligará a los propietarios a rebajar (en el caso de que tengan más de 10 viviendas) o mantener congeladas sus rentas de alquiler. Casado criticó que «este intervencionismo es suicida» y ha señalado que «Sánchez es rehén de sus socios radicales».
«Lo que no hay que hacer es mandar el mensaje de inseguridad jurídica de que el Gobierno puede interferir en la propiedad privada», aseveró el dirigente popular.
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