El PP pide inhabilitar al ex alcalde de Alicante por presunta corrupción

El PP ha pedido inhabilitar 12 años y 7 meses al ex alcalde socialista de Alicante, Gabriel Echávarri, por un presunto delito continuado de prevaricación que le atribuye con relación al supuesto fraccionamiento de contratos en la Concejalía de Comercio, lo que dio nombre a la presunta trama.

Los populares, que ejercen la acusación particular en esta causa que ellos mismos denunciaron, piden la inhabilitación también para dos antiguos asesores del que fuera primer edil, Eduardo Díez y Pedro de Gea, en este caso con penas de inhabilitación de siete años.

Echávarri hizo efectiva su dimisión del cargo el pasado 9 de abril, lo que propició que el PP accediera al gobierno municipal el pasado jueves, después de que la socialista Eva Montesinos no lograra la mayoría absoluta para suceder a su compañero de partido.

El ex alcalde está acusado de prevaricación en dos causas judiciales: una por el presunto fraccionamiento de contratos, en la que la Audiencia ha confirmado ya su procesamiento, y otra por el despido de una funcionaria interina que es cuñada del hasta ahora portavoz municipal del PP y nuevo alcalde, Luis Barcala.

Carrascosa considera que existen indicios que apuntan a que Echávarri, De Gea y Díez fraccionaron 14 facturas por trabajos y servicios relacionados con la gala de comercio de la Navidad de 2016 y la promoción de los mercados municipales, todo ello por un importe total de 144.160 euros.

Acusados de fraccionar contratos de la plaza de toros

Por su parte, la portavoz del grupo Liberales de Benidorm (Alicante) en el Ayuntamiento, Gema Amor, ha acusado este lunes al Gobierno local de «fraccionar contratos».

En rueda de prensa, Amor se ha referido a dos contrataciones realizadas el mismo día y relativas ambas al estado de la plaza de Toros y Conservatorio de Benidorm.

Según ha relatado, el pasado 11 de abril se tramitó el expediente para ambas contrataciones a una persona física para que realice una valoración de posibles daños estructurales del inmueble y otra a la Universidad de Alicante para que proponga posibles soluciones al respecto.

Amor ha añadido que la «persona física es, además, empleada de la Universidad de Alicante» y que «el mismo día todos los departamentos se ponen de acuerdo para tramitar el expediente, la fiscalización de ambos se hizo el día 16 y hoy se ha aprobado los gastos correspondientes».

Asimismo, ha criticado que ambos contratos tienen la misma cuantía «al límite de las contrataciones menores» de 18.150 euros y que ambos se adjudicaron por decreto el mismo día. Por todo ello la ‘liberal’ ha anunciado que pondrá el expediente y toda la documentación que obra en su poder en manos de Fiscalía «para que actúe en consecuencia» al entender que se trata «de un caso claro de fraccionamiento de contratos».