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El PP boicotea la ley de vivienda de Sánchez colocando felpudos en sedes del PSOE: «Bienvenidos okupas»

El PP ha boicoteado la ley de vivienda promovida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez colocando felpudos en sedes socialistas. Una campaña que ha llevado a cabo a través de Nuevas Generaciones, su rama juvenil, como ha quedado acreditado en redes sociales. «Con la nueva ley de vivienda del Gobierno, bienvenidos okupas. Estáis en vuestra casa», rezan los felpudos que han aparecido justo delante de las puertas de sedes socialistas en País Vasco y Cataluña.

Uno de estos felpudos apareció en una sede de las Juventudes Socialistas de Euskadi. También otro con la misma inscripción fue colocado delante de la sede del PSC en Tarragona. De ello dio cuenta en redes sociales la propia candidata del PP a la Alcaldía de este municipio, Maria Mercè Martorell. «La nueva ley del PSOE favorece a los okupas y deja desprotegidos a los vecinos y propietarios. Por eso, hoy los chicos de NNGG Tarragona han dejado un felpudo en la sede del PSC en Tarragona con nuestras propuestas antiokupación».

Junto a las imágenes del felpudo en Tarragona, que lleva el mismo troleo que el aparecido en la puerta de un domicilio de las JSE de Euskadi, la candidata del PP también difundió una comparativa entre la ley de vivienda del Gobierno de Sánchez y sus socios y la propuesta que hace el PP de Alberto Núñez Feijóo. Así, los populares acusan a los socialcomunistas de poner en marcha una normativa que supone «la puerta de entrada a los okupas». Por ejemplo, el PP denuncia que con el nuevo texto «se dilatan los procesos y plazos legales para ejecutar el desahucio» y «aumentan los costes del procedimiento», además de obligar al propietario a «demostrar que la vivienda en la que se ha instalado el okupa es la primera o única».

Mensaje de la candidata del PP en Tarragona.

Ante ello, el PP propone el «desalojo de los okupas en el plazo máximo de 24 horas desde el requerimiento», «inmediato en caso de flagrante delito; «reforzar las penas por delito de usurpación con hasta 3 años de cárcel; «mejorar la protección jurídica frente a la actuación de las mafias»; «considerar nula la inscripción de un ocupante ilegal en el padrón municipal» o «prohibir que un inmueble okupado tenga la consideración de morada o domicilio», entre otras medidas.