La Policía desaloja a los funcionarios de prisiones encerrados por la negativa de Marlaska a negociar

La Policía ha procedido al desalojo de los funcionarios de prisiones encerrados por la negativa de Marlaska a negociar. El presidente de ACAIP-UGT, José Ramón López, y el responsable nacional de CSIF Prisiones, Jorge Vilas, concluyen así su encierro iniciado este mismo martes por la mañana en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias como «medida de presión para desbloquear las negociaciones» con el equipo del Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska.

Hasta las instalaciones de Instituciones Penitenciarias se han desplazado agentes de la Policía Nacional, según han informado pasadas las 20.30 horas las organizaciones sindicales, que han señalado que el encierro ha concluido tras permanecer sus dos representantes un día en la sede central de Prisiones.

El encierro se ha iniciado aprovechando la reunión de la mesa delegada convocada a primera hora de la mañana. A media tarde de este martes, los dos responsables sindicales difundieron un vídeo desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias informando de que le habían transmitido que la Policía Nacional se había personado para proceder a su desalojo.

Esta mañana, ACAIP-UGT y CSIF han explicado en un comunicado que «vuelven a encerrarse en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias tres años después para mostrar su hartazgo» con una Administración que se ha mostrado «totalmente incompetente e inoperante para solucionar los problemas de la institución y mejorar las condiciones laborales de sus empleados».

De esta forma, aludían a las intervenciones parlamentarias del ministro Fernando Grande-Marlaska, que suele responder a las críticas del PP en esta materia recordándole que cuando llegó a Interior «se encontró a los sindicatos encerrados» en la Secretaría General, por discrepancias con la anterior Administración. En 2018, gobernando el PP, estuvieron 23 días encerrados en las instalaciones centrales de Prisiones, que contaba entonces con Ángel Yuste como máximo responsable.

Los dos sindicatos entienden que su acción supone una «vuelta al punto de partida» en las negociaciones después de que el pasado 20 de septiembre declararan el conflicto colectivo, solicitando la intermediación del ministro Fernando Grande-Marlaska. Las organizaciones han pedido la dimisión del secretario general de la institución, Ángel Luis Ortiz.

ACAIP-UGT y CSIF demandan una retribución adecuada y la reclasificación de los centros, así como la declaración de agentes de autoridad. Hace unos días, precisamente, valoraron positivamente que se registrara una enmienda de PSOE y Unidas Podemos a la Ley de Seguridad Ciudadana para reconocer esto último, aunque recordando que lo que esperan es la aprobación de la nueva ley de cuerpos.