Podemos incumple la ley al no publicar el informe del Tribunal de Cuentas que le reclama 324.000 €

Podemos ha incumplido la ley al no publicar en su página web el informe del Tribunal de Cuentas sobre la contabilidad de los partidos políticos y las fundaciones vinculadas correspondiente al ejercicio de 2016 que el Pleno del órgano fiscalizador aprobó el pasado 28 de julio. Un documento que halla irregularidades en las finanzas del partido del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y que le emplaza en este sentido a la devolución de 320.967,07 euros, más 2.861,15 euros de aportaciones realizadas a las formaciones Més e EUIB. En total, 323.828,22 euros.

En concreto, la Ley Orgánica 3/2015, de control de la actividad económico-financiera de los partidos, aprobada bajo mandato del Gobierno del PP para una mayor transparencia de las formaciones políticas, establece en su artículo 14 apartado nueve esta obligación infringida por los morados. «Los partidos políticos, una vez emitido por el Tribunal de Cuentas el informe de fiscalización correspondiente a un determinado ejercicio, deberán hacerlo público a través de su página web en un plazo máximo de 15 días», señala la citada Ley Orgánica.

Sin embargo, en el autodenominado Portal de Transparencia de Podemos no hay ni rastro de dicho informe del Tribunal de Cuentas, donde constan una serie de irregularidades sobre la contabilidad del partido. Sí aparecen, en cambio, los informes de 2014 y 2015 pero no el último de estas características, el correspondiente a 2016, aprobado por el órgano fiscalizador a finales de este julio de 2020.

El Pleno del Tribunal de Cuentas aprobó dicho informe el 28 de julio y su departamento de Comunicación lo difundió a la opinión pública junto a una nota de prensa el pasado 4 de agosto. Casi cuatro semanas después de esta última fecha el documento sigue sin aparecer en la web de Podemos, que ha hecho caso omiso a los 15 días de margen que estipula la mencionada Ley Orgánica. En el apartado ‘Informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas’ del ejercicio 2016 sólo figura disponible el documento de ‘Remisión de Cuentas’ pero no el de su revisión por el órgano que preside María José de la Fuente.

A diferencia del partido morado, imputado por un juez de Madrid como persona jurídica por presuntos delitos de malversación y administración desleal a raíz de la denuncia de su ex abogado José Manuel Calvente, tanto PP como PSOE sí han subido este informe del Tribunal del Cuentas a sus portales, dando así cumplimiento a la normativa vigente.

En la causa que investiga el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, también han sido imputados Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación de Podemos, responsable de las campañas y estrecho colaborador de Pablo Iglesias; la gerente del partido, Rocío Esther Val, y el tesorero, Daniel de Frutos. Este último es el responsable de la comunicación con el Tribunal de Cuentas y fue él mismo quien estampó su firma en la remisión a este órgano de las cuentas de 2016.

Deficiencias

Tras el análisis de las mismas, el Tribunal de Cuentas ha hallado distintas deficiencias. Por ejemplo, reclama a Podemos la devolución de 320.967,07 euros. La formación que lidera el ahora vicepresidente del Gobierno recibió subvenciones para gastos de seguridad del ejercicio 2016 por importe de 384.276,94 euros y dijo haber invertido en este concepto 452.955,97 euros.

Sin embargo, el tribunal ha detectado algunos conceptos no subvencionables por esta categoría que suman 320.967,07 euros. El grueso corresponde a los costes laborales de ocho trabajadores cuyas funciones no se ajustaban exactamente a las tareas de seguridad por las que se pueden recibir estas subvenciones estatales. Y es que, por ejemplo, el partido de Iglesias incluyó aquí el gasto de 201.400,47 euros en pagar a estos ochos trabajadores para que se encargaran de la seguridad en actos de la formación morada.

Cursos de formación

De igual modo, el Tribunal de Cuentas considera que tampoco era subvencionable, en tanto imputable al concepto de gasto regulado en el
Real Decreto 1306/2011, un importe de 9.045,75 euros que Podemos destinó a costear cursos de formación en seguridad privada a estos trabajadores.

También consta como «no subvencionable» un importe de 131.927,15 euros correspondiente al coste laboral de cinco trabajadores encargados de la identificación de acceso a la antigua sede central de la formación, que entonces se encontraba en la madrileña calle Princesa. «Del análisis de los respectivos contratos de trabajo se deduce que los mismos no especifican la realización de funciones de Seguridad establecidas en la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada», indica el órgano fiscalizador.

«Por lo anterior, al no aceptarse gastos por un total de 389.646,10 euros, el importe de la subvención que se considera justificado asciende a 63.309,87 euros, por lo que existe un importe de 320.967,07 euros que deberá ser objeto de reintegro», apercibe el organismo.

Además, añade que «el partido deberá proceder a reintegrar las aportaciones realizadas a las formaciones Més e EUIB en concepto de subvención para gastos de seguridad, por un importe conjunto de 2.861,15 euros, al no haber presentado los partidos coaligados la cuenta justificativa de la subvención regulada en el artículo 18 del citado Real Decreto». En consecuencia, el importe total a reintegrar derivado de las incidencias descritas anteriormente asciende a 323.828,22 euros, cantidad que «el Tribunal de Cuentas comunicará al Ministerio del Interior a tal efecto», reza el informe.

Todas estas reprobaciones, contenidas en el informe del Tribunal de Cuentas del año 2016, no aparecen en la web de Podemos.