España

Podemos exige que los propietarios de pisos cobren alquileres baratos a sus okupas

Ingobernable
Carlos Cuesta

Podemos ha impulsado un plan en Cataluña basado en que los propietarios de inmuebles que sufran una okupación, no sólo no puedan expulsar a los usurpadores de su propiedad, sino que, además, tengan que acogerlos oficialmente y cobrarles un alquiler reducido. La medida, cargada de radicalidad y contraria al derecho constitucional a la propiedad privada, no tendrá en contra al PSOE: la propuesta se acaba de tramitar y aprobar en Cataluña con el voto a favor de separatistas y Podemos, y la abstención de los socialistas.

El pleno del Parlament de Cataluña ya ha aceptado y ha convalidado el Decreto Ley de vivienda que exige a los propietarios renunciar a su derecho de expulsión de los okupas. Y, además, obliga a los dueños de los pisos a ofrecer un alquiler barato si los okupas se han instalado durante al menos seis meses.

No sólo se violan los derechos de propiedad de los compradores inmobiliarios, sino que, además, se genera un sistema de incentivos a los okupas: porque si se quedan medio año, pasan a conseguir un alquiler legal por debajo del precio de mercado.

La tramitación de la propuesta ha corrido a cargo del Gobierno separatista formado en la Generalitat por JxCat y ERC. El plan se impulsó por Decreto Ley. Pero necesitaba la convalidación en el Parlament. Allí es donde se ha visto que Podemos es un claro defensor de este esquema. Y no sólo para Cataluña. Los diputados podemitas de En Común y la CUP se unieron sin fisuras a la propuesta. Ciudadanos y el PP se posicionaron en contra sin vacilación. Y el PSC prefirió no llevar la contraria a sus socios y optó por la abstención. Hay que recordar que la radical medida adoptada encaja a la perfección en las directrices del plan de Gobierno firmado entre el PSOE y Podemos.

El citado programa habla de «zonas de mercado tensionado» para anunciar «medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler”. Y todo ello, deslizando la llegada de un Sistema Estatal de Índices de Referencia de Precios de Alquiler de Vivienda. De ese modo, los ayuntamientos podrán declarar zonas urbanas de mercado tensionado dentro de las que podrán influir en los precios privados.

Respecto al concepto de «vivienda vacía» y «gran tenedor de vivienda», el programa anuncia «medidas fiscales, sancionadoras, de aseguramiento o estímulo para movilizar vivienda vacía». También se plantea «el realojo inmediato» de inquilinos que no puedan pagar el alquiler en ciertas condiciones.