El PNV recaba ya denuncias sin control judicial por supuestas torturas de policías gracias al pacto con el PSOE
El PNV ha abierto ya el plazo para recabar denuncias contra agentes de la Policía y de la Guardia Civil por supuestas torturas en el País Vasco. Y lo ha hecho, además, gracias a la Ley de Abusos Policiales que le ha permitido sacar el PSOE de Pedro Sánchez. El aún presidente en funciones pactó con la formación nacionalista vasca el apoyo político a cambio de retirar el recurso contra esta normativa interpuesto ante el Tribunal Constitucional (TC) por el Gobierno del PP de Mariano Rajoy. La norma permite, tanto al PNV como a su Gobierno autonómico, recabar e investigar denuncias de supuestas víctimas de abusos policiales sufridos entre 1978 y 1999.
El Ejecutivo del PNV, además, ya ha aprobado los trámites para abrir el plazo de “solicitudes de reparación” y ha iniciado también la recopilación de estas denuncias con las que se declarará administrativamente como torturadores a determinados policías y como víctimas a otras tantas personas. Tantas como entre 300 y 500, que son los casos que esperan recopilar de supuestas torturas, según fuentes conocedoras de la tramitación de la norma.
El plazo para presentarlas será amplio y dilatado: dos años. Y no sólo eso, además, la comisión de teóricos expertos que analizará los casos dispondrá igualmente de amplios poderes y tiempo –también con un plazo de hasta dos años– por cada solicitud con el fin de poder desarrollar su trabajo e investigaciones a los agentes de la Policía Nacional sin prisas ni presiones. El plazo, además, podrá ampliarse en casos excepcionales.
La norma ha sido ya criticada por los sindicatos policiales, que destacan la ausencia de garantías jurídicas en un proceso de investigación administrativa donde, ni siquiera se dará voz a los agentes implicados y mencionados. Por el contrario, la Comisión de Valoración –compuesta por los supuestos expertos– sí podrá escuchar a la persona solicitante, realizar entrevistas para completar la información sobre los documentos y pruebas presentados, así como recabar los antecedentes, datos o informes que pudieran constar en los departamentos y organismos dependientes del Gobierno vasco, así como en otros registros públicos de la misma Administración.
Además, también podrá esta comisión solicitar información a otras Administraciones Públicas, entidades u órganos privados o públicos de los antecedentes, datos o informes que puedan resultar necesarios para la tramitación de los expedientes, o solicitar informe o testimonio de aquellas personas que, bien por su conocimiento directo o indirecto de los hechos o bien por su experiencia o pericia técnica, pudieran aportar información relevante sobre la solicitud presentada. Un amplio poder para investigar al margen de la Justicia, sin embargo, lo que nunca se hará es dar voz a los agentes señalados como torturadores.
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