La Fundación de Podemos propone «nacionalizar los sueldos» y que «las industrias sean estatales»
La fundación de Podemos ha cerrado el año debatiendo el futuro de la economía española. Y las indicaciones de este denominado Instituto 25-M desvelan abiertamente un plan comunista basado en la “nacionalización de los sueldos” y la generación de una “política industrial estatista”. Traducido: nacionalizar la economía para que el Estado -es decir, ellos- pasen a tener un control directo de la actividad empresarial. Comunismo puro, o, dicho de otra manera, Venezuela. Y todo ello, aprovechando el coronavirus.
Determinados economistas han hablado durante el avance del coronavirus y el destrozo en paralelo de la economía española de un plan de Podemos para hacerse paulatinamente con el control de la actividad económica y empresarial. Estas voces críticas han alertado de que la falta de apoyo a las empresas y autónomos responde a un deseo de pasar a una economía subsidiada que dependa del Estado y no de la actividad y el trabajo privados.
Y, más allá de opiniones, lo cierto es que el porcentaje de ayudas a las empresas de España se sitúa a años luz del prestado por países como Alemania, Francia o Italia; que España es el país que registra el mayor desastre económico por el Covid, según la OCDE; y que un documento de la fundación de Podemos que hoy publica OKDIARIO habla abiertamente de que el Covid ha permitido el inicio de la “nacionalización de los salarios” a través de los ERTE y que, según el partido de Pablo Iglesias, “una política industrial estatista adecuada al siglo XXI y sus retos es la única alternativa”.
El documento ha sido elaborado por el ‘Instituto 25M’. Un informe “de trabajo como punto de partida de la necesaria discusión sobre soberanía tecnológica”. Y un “documento que quiere ser un disparador de las reflexiones que han tenido lugar dentro del Seminario ‘Soberanía tecnológica: Democracia, datos y gobernanza en la era digital. Alternativas al capitalismo desde el sur’, organizado por el Instituto entre el 15 y el 18 de diciembre de 2020”.
El Documento ha sido firmado por Ekaitz Cancela y Aitor Jiménez y el organismo de Podemos, tras señalar que su contenido puede no responder “necesariamente a las opiniones del Instituto 25 M”, admite que lo hace suyo “como un documento de discusión”.
Y la discusión versa nada menos que sobre el hecho de que, con el Covid, “no debe extrañar el desplazamiento de la función del Estado durante este periodo excepcional que promete ser prolongado: asegurar ingresos suficientes a una determinada población para evitar posibles revueltas tras las consecuencias de la epidemia, cuya gravedad evoluciona con el nivel de pobreza de los barrios de las ciudades españolas”. El documento desvela la herramienta: los ERTES, una «necesaria actuación pública para salvaguardar empresas y puestos de trabajo”, pero que a ojos del documento del organismo de Podemos “no es sino una nacionalización de los salarios».
Es más, esa herramienta, ha coincidido, según el informe, «en el tiempo con exigencias de la patronal para reducir los impuestos que permitían que se nacionalizaran los impuestos que ellos no pagaban. Una prueba más de que el metabolismo del capital no atiende ni a principios morales ni a peticiones voluntaristas”.
Los deseos de control de Podemos carecen de límites. “La digitalización en la Sanidad, como hemos señalado, y en la Educación merece apartado propio. A primera vista, estas empresas “sólo” exigen acceder a los datos privados de millones de personas. No cuesta imaginar un futuro no muy lejano, las herramientas de las empresas privadas sean el único medio de acceso a los servicios públicos, en el que se reproducen las desigualdades de ingresos, las jerarquías sociales y los sesgos de clase, género y raza”, señala el informe. Porque, “las grandes empresas regirán la economía mundial sin obviar el ritual y cínico cántico a la meritocracia y a la libre empresa. Este sistema no se limita a un único ámbito económico ni tampoco político».
El informe continúa así: «Como modelo de producción capitalista, no ha venido a sustituir a los anteriores, sino a resignificarlos. Desde sus orígenes en el software, este ha extendido ya sus dominios en ámbitos como la logística (Amazon) el transporte (Uber) o la vigilancia y seguridad (Palantir), constituyendo un nuevo modo de consumo y de civilización, con la capacidad de sobrevivir, crecer y multiplicarse en ambientes políticos tan diferentes como el chino, el norteamericano o el europeo”.
Y frente a ello, los expertos de Podemos reclaman la “tarea de construir alternativas al capitalismo digital”. Un reto que “no es sencillo. Pero si una conclusión se deriva, esta es que el presente se encuentra abierto a la acción política”. Una acción que reclama de “la cooperación con actores internacionales que comparten las mismas necesidades materiales que el sur de Europa, o más concretamente España” y siempre “mediante la adopción de lógicas distintas a las capitalistas. Y, ahí, es donde “una política industrial estatista adecuada al siglo XXI y sus retos es la única alternativa».
El documento añade que «la planificación democrática de las infraestructuras de datos y el cuestionamiento de las relaciones de propiedad sobre las que se asienta la economía digital deberán ocupar el centro de los debates contemporáneos”.
Es decir, caminar directos al comunismo en pleno avance del coronavirus.
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