Así es la piscina que indigna a los ecologistas en el chaletazo donde vive la presidenta del PSOE gallego

• Segundo Sanz @SegundoSanz
• Información política y parlamentaria
• • 23/02/2025 06:45
  • Actualizado: 09/03/2025 23:06

El chalet de lujo de la Isla de Toralla en el que vive la presidenta del PSOE de Galicia, senadora por Pontevedra y primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Vigo, Carmela Silva, cuenta con una piscina junto al mar que desata la indignación de los grupos ecologistas. Fundamentalmente, porque esta finca incumple la Ley de Costas, algo que ha reconocido el propio Gobierno de Pedro Sánchez, jefe de filas de Silva.

OKDIARIO reproduce este domingo cómo es la piscina de esta vivienda a partir de una publicación del hijo de Silva en redes sociales. Iago Falque Silva, futbolista de profesión, se refirió a este enclave como su «casa». Tal y como ha publicado este periódico, la titularidad de la vivienda está a nombre de él desde 2018, si bien distintas fuentes vecinas consultadas aseguran que su madre, la senadora socialista por Pontevedra, hace vida en este paraje inigualable. La mano derecha de Abel Caballero en el Consistorio vigués también ha colgado imágenes en sus redes sociales junto a este inmueble.

El casoplón que habita Carmela Silva, según la información registral en poder de este periódico, tiene una superficie total de 824,55 m2 construidos, «de los cuales 156,44 están destinados a terrazas». Dispone de cuatro plantas, y una de ellas es el sótano, destinado a garaje, trastero y un aseo, con 248,6 m2 construidos.

La edificación, prosigue la descripción oficial, «linda por todos los vientos con el resto de finca matriz sobre la que se levanta y tiene una ocupación sobre la misma de 382,95 m2». Lo que junto «con el resto de terreno sobrante forman una sola finca de 1.299 m2», hallándose al norte, finca segregada, al sur, una calle de seis metros de camino, al este, caminos de la urbanización, y al oeste, «un muro de piedra que separa de la zona marítimo terrestre». La piscina, con unas vistas paradisíacas, se encuentra a pocos metros de la ría de Vigo, lindando con ella.

En torno a esta zona iría la senda litoral de acceso público que reclaman asociaciones ecologistas y grupos vecinales, que exigen al Gobierno central que habiliten la «servidumbre de tránsito» contemplada en la vigente ley de Costas. Y que a esta urbanización privada, cuyas primeras concesiones públicas de construcción se remontan a los años sesenta (con el franquismo), no puede acceder quien no sea residente o acompañante. Un servicio de seguridad y una barrera lo impiden. Los ciudadanos que no residen aquí sólo pueden llegar hasta los dos arenales de playa que hay a ambos lados del puente que conecta la ínsula con la Playa de O Vao, en la parroquia de Coruxo (Vigo).

«Toralla sigue siendo un espacio público usurpado hace décadas en beneficio de unos pocos privilegiados que deben tener muy buenos contactos políticos para seguir allí durante tantos años sin cumplir las leyes», denuncian grupos ecologistas, como Greenpeace, Ecologistas en Acción, Plataforma por la Defensa de la ría Vigo-Cíes o Amigas da Terra y colectivos vecinales de las parroquias de Coruxo y San Miguel de Oia.

«Una barrera y un vigilante al final del puente impiden hoy el acceso de vehículos y peatones al interior de la Isla de Toralla. La decisión surge de los privilegiados propietarios de las treinta villas que existen en la isla y que no superan los 170 residentes y de la vista gorda de las autoridades. Una prohibición sin respaldo legal», lamentan.

El pasado septiembre, el Gobierno de Sánchez señaló al BNG en una respuesta parlamentaria en el Congreso de los Diputados que «es consciente de las limitaciones existentes en la Isla de Toralla en relación con la efectividad de la servidumbre de tránsito y se encuentra trabajando en una solución para revertirlas».

«Franja de 6 metros»

En este sentido, el Ejecutivo de PSOE-Sumar subrayó que «el artículo 27 de la ley de Costas establece que la servidumbre de tránsito recaerá sobre una franja de 6 metros, medidos tierra adentro a partir del límite interior de la ribera del mar».

Esta zona, indicó el Gobierno, deberá dejarse permanentemente expedita para el paso público peatonal y para los vehículos de vigilancia y salvamento, salvo en espacios especialmente protegidos. Junto a ello, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aseguró que haría todo lo posible para que «la Isla de Toralla sea de accesibilidad pública, de acuerdo con lo contemplado en la normativa de Costas y para garantizar el cumplimiento de las sentencias», como la dictada por el Tribunal Supremo en 1997.

Pese a esta «usurpación» de Carmela Silva y su familia, como denuncian los ecologistas, el PSOE de Pedro Sánchez se ha afanado en lanzar falsas acusaciones contra la pareja de Alberto Núñez Feijóo, Eva Cárdenas, por solicitar una concesión de acceso desde su casa a la playa de Cons, en Moaña (Pontevedra). El pasado miércoles en la sesión de control en el Congreso, el propio jefe del Ejecutivo atacó así al líder de la posición: «Hay partidos políticos que gobiernan instituciones que boicotean la ley de Vivienda y solamente están pendientes de dos viviendas: una, un ático en Chamberí, y otra, un chalet en Moaña con un acceso privativo a la playa», señaló, refiriéndose primero a una propiedad vinculada a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.