España
Tras los registros en redacciones de Baleares

Los periodistas se concentran ante el Supremo en defensa del secreto profesional

Los periodistas denuncian que se trata de un ataque "insólito" contra los derechos que blinda el artículo 20 de la Constitución y en particular, contra el derecho al secreto profesional

Se trata de un paso más en la protesta por los hechos ocurridos el pasado martes, cuando la Policía, por orden de un juzgado, se personó en las mencionadas redacciones e intervino los teléfonos móviles personales de dos periodistas

Periodistas de distintas ramas y de medios de comunicación de todo España se concentran este viernes frente a la sede del Tribunal Supremo, en la Plaza de la Villa de Madrid, para denunciar el «insólito» ataque a la libertad de prensa acometido con las entradas y registros de las redacciones de Europa Press y el Diario de Mallorca en Baleares, donde un juzgado se ha incautado de los móviles personales de dos informadores tras una exclusiva periodística sobre un caso de corrupción.

Los periodistas denuncian que se trata de un ataque «insólito» contra los derechos que blinda el artículo 20 de la Constitución y en particular, contra el derecho al secreto profesional, lo que afecta directamente al derecho fundamental de los ciudadanos a una información veraz. De hecho, el lema de la concentración es «Nuestro secreto profesional, tu derecho a la información».

Se trata de un paso más en la protesta por los hechos ocurridos el pasado martes, cuando la Policía, por orden de un juzgado, se personó en las mencionadas redacciones e intervino los teléfonos móviles personales de dos periodistas, así como dos ordenadores en el caso de Europa Press. Perseguían un delito de revelación de secretos en el que habría incurrido un tercero tras una exclusiva difundida en julio sobre el caso de corrupción por el que se investiga al empresario Barrolomé Cursach.

Secreto protegido en la Constitución 

«El secreto profesional de los periodistas es el único secreto constitucionalmente protegido y su sacrificio para perseguir un delito de revelación que, si acaso, estaría castigado con una simple multa, representa no solo un ataque desproporcionado al derecho fundamental a la información sino que también sienta un precedente gravísimo al demoler por completo y de forma indiscriminada la debida protección de las fuentes periodísticas», denuncian los convocantes.

Tras lo sucedido, informadores de toda España mostraron su solidaridad con los compañeros y los medios de comunicación afectados, así como diversas agrupaciones profesionales. Más de 200 periodistas firmaron un primer escrito que fue entregado en mano al día siguiente a la Fiscal General del Estado, María José Segarra, y motivaron que el Consejo Fiscal se pronunciase al respecto, si bien se declaró no competente para opinar sobre una investigación en curso.

Secreto y derecho a la información

Asimismo, más de medio millar de periodistas refrendaron un segundo escrito presentado ante el Consejo General del Poder Judicial, cuya Comisión Permanente se reúne este jueves, instando al órgano de Gobierno de los jueces a posicionarse en favor del derecho fundamental a la información sin injerencias indebidas que blinda la Constitución y frente este tipo de ataques a la libertad de prensa.

«En 40 años de vigencia de nuestra Constitución ningún miembro del Poder Judicial había ordenado entradas y registros en medios de comunicación para incautarse de teléfonos móviles y ordenadores de periodistas que tratan de cumplir su misión constitucional en relación con un caso de corrupción: proporcionar información veraz a los ciudadanos», destaca el escrito.