El juez Peinado imputa al delegado del Gobierno en Madrid por malversación en el ‘caso Begoña Gómez’

El juez Juan Carlos Peinado, encargado del caso Begoña Gómez, ha citado a declarar como investigado al actual delegado del Gobierno de Madrid, Francisco Martín Aguirre. La investigación, que comenzó centrada en las actividades empresariales de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, se amplía ahora con esta nueva imputación por presuntos delitos de malversación de fondos públicos. Martín de 2018 a 2020 ejerció de director del Gabinete Técnico de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno y fue el que dio orden de contratar a la asesora personal de Begoña Gómez que le ayudaba en sus negocios privados.

El delegado del Gobierno, colocado por Pedro Sánchez para criticar cada paso realizado por la presidenta Isabel Díaz Ayuso, deberá comparecer el próximo miércoles 14 de mayo ante el juez para responder a las acusaciones que realiza Vox en una querella ligada al caso central. Ese mismo día declarará como testigo Raúl Díaz Silva, el cargo que fue identificado por Félix Bolaños como coordinador de este tipo de nombramientos.

El partido de Santiago Abascal denunciaba el presunto nombramiento irregular de Cristina Álvarez para ejercer funciones privadas en beneficio de Begoña Gómez «con cargo a los presupuestos generales del Estado». Así lo expone el auto judicial consultado por OKDIARIO. Los hechos se remontan a julio de 2021, cuando Martín Aguirre fue nombrado alto cargo en el Palacio de La Moncloa al poco de llegar Sánchez al poder.

El juez Peinado ha fijado la declaración del investigado para el próximo 14 de mayo a las 13:30 horas. La querella, que fue presentada inicialmente en el Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid el 20 de enero de 2025, fue remitida posteriormente al Juzgado de Instrucción número 41 por considerar que existía conexión con las diligencias previas que ya se tramitaban en dicho juzgado.

En su resolución, el magistrado descarta la existencia de delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa que también se imputaban en la querella original, limitando la investigación únicamente al presunto delito de malversación.

Nuevas diligencias

En paralelo a esta nueva imputación, Peinado ha pedido a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que aclare quién contrató a Blanca de Juan de Castro como coordinadora del máster dirigido por Begoña Gómez.

En esa otra providencia, el instructor ha solicitado a la Escuela de Gobierno de la UCM que informe en un plazo de 10 días sobre dónde tenía físicamente su puesto de trabajo De Juan, cuál fue el proceso de selección para su contratación, sus funciones específicas y qué retribución percibía, así como la partida presupuestaria a la que se cargaba su salario.

El magistrado ha tomado esta decisión después de la declaración testifical de De Juan el pasado febrero. Según fuentes presentes en el interrogatorio, la testigo explicó que Begoña Gómez la propuso personalmente para coordinar el proyecto de Transformación Social Competitiva.

De Juan también reconoció durante su declaración que llegó a poner en copia a la asesora de Gómez en Moncloa —la investigada Cristina Álvarez— en varios correos electrónicos enviados a la esposa del presidente. Matizó que lo hizo porque la asesora estaba interesada en los temas de agenda de Gómez para coordinar su seguridad. La ex coordinadora negó además haber recaudado fondos para la cátedra o haberse reunido con el empresario Juan Carlos Barrabés, también investigado en la causa.

En el sumario consta un correo de octubre de 2022 en el que dos miembros de la Oficina de Transparencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la UCM informan a Álvarez sobre cómo registrar el dominio de la página web del máster. Dicho correo fue enviado también a Begoña Gómez y a De Juan, e incluía un mensaje previo del 7 de septiembre con un formulario interno para registrar la página web en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual.

El magistrado imputó a Cristina Álvarez el pasado febrero. La directora de Programas de Presidencia había acudido inicialmente a declarar como testigo el 20 de diciembre, cuando confirmó que envió varios correos electrónicos relacionados con la actividad privada de Begoña Gómez, explicando que se la nombró para ayudar a la esposa del presidente con temas tanto oficiales como privados.

Sin embargo, cuando volvió a ser llamada ya en calidad de investigada el 26 de febrero, Álvarez negó haber realizado gestiones con la Universidad Complutense o con empresas patrocinadoras para beneficiar a Gómez antes de la creación de la cátedra en octubre de 2020. La asesora ha recurrido posteriormente su imputación, afeando al juez que le tendiera «una trampa» al utilizar su declaración como testigo para cambiar su condición procesal.

Autoincriminación

Según un escrito remitido por Moncloa al juez Peinado, las funciones reservadas al puesto de Álvarez, adscrito directamente al gabinete de Pedro Sánchez, no incluirían labores asistenciales del tipo que realizaba para Begoña Gómez.

En respuesta al requerimiento sobre el cargo y funciones de Álvarez, Presidencia del Gobierno contestó que «los puestos de trabajo en la Administración General del Estado no tienen normativamente funciones asociadas de forma directa» y que «las tareas que realiza Doña María Cristina Álvarez en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno son las propias del centro directivo y la unidad a la que se adscribe el puesto de trabajo». Nada de asuntos en una cátedra en la Universidad Complutense.

En otra nota remitida al juzgado, Moncloa indicó que Álvarez «desempeña tareas de colaboración inmediata, de carácter logístico y organizativo en el marco de la atención a la esposa del presidente del Gobierno, en las que predominan las notas de afinidad inherentes a la confianza». Entre estas tareas se incluirían «la gestión de la agenda y la preparación de la presencia en reuniones, visitas y/o eventos» de Begoña Gómez.

La investigación ha revelado que Álvarez llegó a definirse como «colaboradora» de la cátedra de Transformación Social Competitiva que Gómez dirigía en la Universidad Complutense, e incluso se ocupaba de solicitar fondos a los patrocinadores de dicha cátedra. Según varios correos electrónicos incorporados al sumario, la directora de Programas de Presidencia se implicó directamente en cuestiones relacionadas con la actividad académica de la esposa del presidente.