Sánchez maniobra ahora para hacer cambios mínimos en la Ley de Seguridad que criticaba a Rajoy

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.
• • 01/02/2019 06:50
  • Actualizado: 01/02/2019 09:19

La ponencia encargada de su reforma analiza estos días en el Congreso algunos de los puntos más polémicos, especialmente, los relativos a limitar los derechos de reunión y manifestación, las devoluciones en caliente de inmigrantes o las correspondientes sanciones. El partido de Pedro Sánchez, que presentó enmiendas en contra de estas cuestiones, ha relajado considerablemente sus posiciones, según fuentes de la propia ponencia.

Este órgano ha estudiado, hasta el momento, una treintena de los 54 artículos que integran la iniciativa de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, presentada por el PNV y suscrita por el PSOE. Ese análisis se desarrolla, según las mismas fuentes, en «buen clima» y con «alta disposición para el acuerdo», principalmente, por la sintonía entre los dos grupos mayoritarios.

Derecho de manifestación

El PSOE, que en su momento planteó abrir el derecho de manifestación a convocatorias espontáneas, reconsidera esa postura. En concreto, los socialistas presentaron una enmienda en la que se establecía que «no constituirá ilícito administrativo la celebración en lugares de tránsito público de reuniones o manifestaciones espontáneas y pacíficas con ocasión de hechos o situaciones cuya respuesta por la opinión pública no admita demora a costa de quedar obsoleta, siempre que no perturben la seguridad ciudadana, o lo hagan de manera poco relevante».

Ese punto va en contra de la propia Constitución, que determina, en su artículo 21.2, que las manifestaciones tendrán que ser comunicadas a las delegaciones o subdelegaciones correspondientes de Gobierno.

El PSOE, según fuentes parlamentarias, estaría ahora valorando dar marcha atrás, al considerar los evidentes riesgos para la seguridad asociados a su propuesta.

Presiones de Podemos

No obstante, los socialistas siguen muy condicionados por el acuerdo presupuestario suscrito con Podemos.

En el mismo se introducían cuestiones ajenas a las cuentas públicas, como la misma reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, apostando por revisar «en profundidad» las garantías del derecho de manifestación y de la libertad de expresión, así como del derecho de reunión, para que «en ningún caso» la ausencia de comunicación previa impidiese su ejercicio pacífico.

Además, las formaciones se comprometían, entre otros, a limitar los cacheos corporales, únicamente a aquellos casos en los que existiesen «indicios concretos y comprobables» y en ningún caso con desnudo total o parcial de la persona.

También se recogía la obligación de las Fuerzas de Seguridad del Estado de llevar su identificación «visible en todo momento», o ajustar las sanciones a la capacidad económica. O revisar el Código Penal y artículos «hiperregulados» como el castigo a los piquetes de las huelgas.

Devoluciones en caliente 

Otro asunto polémico, las devoluciones en caliente de inmigrantes, también suponen un problema hoy por hoy para el PSOE. Pese a su discurso inicial sobre la inmigración, el Ejecutivo quiere adoptar ahora una línea más ‘dura’.

Los socialistas tratan de mantener un perfil bajo en el debate de este tema, que pretenden dilatar hasta que haya un pronunciamiento definitivo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, en el sentido de eliminarlas o no.

El procedimiento está en curso en el Tribunal Europeo tras la demanda de varios inmigrantes entregados a Marruecos en 2014, tras saltar la valla de Melilla. La Justicia europea determinó, en un primer momento, que la actuación contravenía el Convenio de Derechos Humanos, pero el Ejecutivo de Rajoy recurrió la decisión. 

En este tiempo, el Gobierno sí ha llevado a cabo algunas medidas controvertidas relacionadas con la Ley.

Por ejemplo, la instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad, que venía a modificar la misma ley antes de su reforma, y en la que se exigía a los policías que acreditasen el peligro explícito que supondría ser fotografiado mientras prestan un servicio en la calle. Según los sindicatos, esto requiere de una «labor de prospectiva casi adivinatoria en plena calle», en una intervención en la que normalmente hay «tensión y riesgos inherentes». «Se nos antoja cuando menos surrealista», defendieron.