El Parlament desafía de nuevo la ley: avala el 1-O y rechaza la destitución de Puigdemont

El Parlament ha aprobado hoy una propuesta de resolución -presentada por JxCat y acordada con la CUP con el visto bueno de ERC- en la que se rechaza la «destitución ilegal e ilegítima» de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat y se avala el «referéndum de autodeterminación» del 1-O.

Tras una mañana de tensiones en el seno de la Mesa del Parlament, que ha desestimado las peticiones de reconsideración de Ciudadanos, el PSC y el PPC contra las enmiendas de la CUP a la propuesta de JxCat, el pleno ha procedido al debate y votación de las resoluciones presentadas por los grupos parlamentarios.

La más polémica era la impulsada por JxCat, que finalmente no incorpora la enmienda de la CUP que planteaba «reafirmar» la declaración de independencia aprobada el 27 de octubre, pero sí reivindica la legitimidad de Puigdemont como candidato a ser reelegido president y exige que el Gobierno del Estado «cese las injerencias» sobre las instancias judiciales, para impedir que se materialice la voluntad democrática «legítimamente expresada en el referéndum de autodeterminación de Cataluña del 1 de octubre».

Contra la advertencia de los letrados

De hecho, antes de las votaciones, el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha hecho alusión a la «advertencia» planteada por los letrados de la cámara catalana en la reunión de la Mesa previa al pleno, ante las dudas legales que a su juicio plantea la enmienda transaccional pactada por JxCat y la CUP en referencia al 1-O.

Los diputados de Ciudadanos, el PSC y el PP han renunciado a participar en la votación de este punto alusivo al 1-O, que ha sido aprobado con los 68 votos a favor de JxCat, ERC y la CUP -incluidos los votos delegados de Oriol Junqueras y Jordi Sànchez, aún en prisión preventiva- y los ocho en contra de los comunes.

Para explicitar las consecuencias judiciales que puede conllevar la aprobación de este punto, antes de la votación ha tomado la palabra el secretario segundo del Parlament, el socialista David Pérez, que ha explicado que los letrados han advertido de que la Mesa debía admitir o no a trámite las enmiendas transaccionales pactadas por JxCat y la CUP, pero no se ha pronunciado sobre ellas y, aun así, ha permitido que el pleno las votara.

Pérez ha destacado además las «reservas» que han expresado los letrados porque la aprobación de estas enmiendas transaccionales «podría contravenir» las resoluciones del Tribunal Constitucional.

El portavoz parlamentario de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, ha reclamado a Torrent que fuera leída el acta de la reunión de la Mesa para dejar clara la advertencia hecha por los letrados, aunque el presidente del Parlament ha rechazado la petición.

Por su parte, el jefe de filas de la CUP en el Parlament, Carles Riera, ha intervenido para proclamar que considera «absolutamente legítimo el referéndum del 1-O».

«Acción republicana de gobierno»

Aunque no incorpora la enmienda de la CUP que planteaba «reafirmar» la declaración de independencia del 27 de octubre, el texto aprobado sí constata que las elecciones del 21 de diciembre han ratificado la mayoría de las fuerzas «favorables a una acción republicana de gobierno y a la constitución de Cataluña en un Estado independiente en forma de república».

La resolución aprobada manifiesta el «rechazo más absoluto a la aplicación del artículo 155 de la Constitución», con la que se han «vulnerado los derechos fundamentales de los catalanes» y «restringido las facultades de soberanía de sus instituciones legítimas», y se pide «poner fin» inmediatamente a su vigencia.

La resolución rechaza la «destitución ilegal e ilegítima» de Puigdemont -en Bélgica huido de la justicia española- y proclama la voluntad y el compromiso de restaurar la institución de la presidencia de la Generalitat.

Puigdemont, subraya el texto, «sigue contando con la mayoría parlamentaria suficiente» para poderle «ratificar la confianza como presidente».

Además, se apuesta por activar «todos los instrumentos y procedimientos» para garantizar los «derechos civiles y políticos de todos» los diputados y «restablecer todas las instituciones» catalanas, «comenzando por la presidencia» de la Generalitat.