Los padres valencianos estallan tras el decretazo de Puig para imponer su dictadura lingüística

Varias asociaciones de padres de la Comunidad Valenciana han firmado un comunicado en el que denuncian la «tomadura de pelo» del Gobierno PSOE-Compromís, que preside el socialista Ximo Puig, en la aplicación del polémico decreto del plurilingüismo, suspendido cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de esta Comunidad (TSJCV).

El Gobierno valenciano aprobó este viernes una ‘treta’ para burlar a la Justicia y seguir adelante con la aplicación de su modelo lingüístico, que vincula la enseñanza de valenciano e inglés, de forma que sólo aquellos alumnos que opten por el itinerario con más horas de valenciano recibirán finalmente un certificado que acredite su capacitación de lengua extranjera.

El decreto aprobado por el Consell permitirá la aplicación del decreto suspendido en Infantil de tres años. Este procedimiento, sólo podría ser recurrido por el Gobierno o por 50 diputados o senadores. 

Los padres-reunidos, entre otros, en la Plataforma No al Decretazo Sí a la Elección-recuerdan al conseller de Educación, Vicent Marzà, que la orden de suspensión cautelar «afecta a todos los niveles de educación».

«Timolingüismo»

Se quejan, además, de que el Gobierno autonómico haya desvelado su maniobra a solo diez días del inicio del curso escolar, para evitar reacciones y recursos.

«Tan solo han tenido que pasar cien días desde que, el pasado 24 de mayo, fuese suspendido el decreto del ‘timolingüismo’ para que los padres y toda la comunidad educativa hayan sido informados acerca del modelo lingüístico que se aplicará en los centros escolares; es decir a tan solo diez días antes del inicio del curso. Una vez más han apurado los tiempos para intentar evitar que los que somos contrarios a su norma podamos reaccionar, para poder así imponer un modelo que cuenta con la desaprobación de la mayor parte de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana», firman en el comunicado.

Consideran que el Gobierno valenciano les está «tomando el pelo, tanto a los padres como al TSJCV», al paralizar la aplicación del decreto a partir del segundo curso del segundo ciclo de Educación Infantil, pero mantenerlo en las aulas experimentales de 2 años y en el primer curso del segundo ciclo de Educación Infantil, 3 años, a través del mencionado decreto.

Los padres recuerdan, según sentencia del Tribunal Supremo, «el derecho de los niños en Educación Infantil a recibir la enseñanza en la lengua peticionada por los padres».

Además, denuncian que en el modelo de preinscripción en los centros escolares no se les ofrecía la posibilidad de manifestar la lengua en la que quieren que sus hijos reciban la enseñanza.

«Ni con el decreto ya suspendido ni con el decreto ley se nos ha ofrecido dicha posibilidad por lo que exigimos que de cara al inicio de curso se realice la consulta a las familias afectadas», advierten.

«Los padres consideramos que el órdago lanzado por el tripartito al Estado de Derecho, a través de un decreto ley que incumple lo señalado por el TSJCV, el Tribunal Supremo y la Alta Inspección Educativa, debe obtener una respuesta por parte de los grupos políticos parlamentarios contrarios al decreto y por parte del Gobierno Central ya que son los únicos con
potestad para elevarlo al Tribunal Constitucional», concluyen.

La oposición: una «burla» a la Justicia

Los padres valencianos llevan meses peleando contra este decreto, sin que desde el Gobierno de Puig y Oltra se hayan atendido a sus demandas.

«Queremos que los niños y niñas aprendan valenciano, castellano e inglés de manera eficiente. El plurilingüismo se mantiene firme», explicó Marzà este viernes.  La norma-que no será publicada hasta el martes en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana-ha recibido la censura de la oposición. En el PP, han acusado al conseller de «burlarse» de la Justicia con una «triquiñuela sin precedentes».

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, afirmó que el partido «seguirá luchando por la libertad educativa».  Desde Ciudadanos se ha registrado una solicitud de reprobación de Marzà.

En julio, el TSJCV declaró la suspensión del decreto del Gobierno valenciano, al considerar que suponía una discriminación para aquellos alumnos que eligen estudiar en castellano.

La reforma lingüística de PSOE y Compromís establece tres niveles lingüísticos: básico, intermedio y avanzado. Una denominación ya enrevesada y que revela la intencionalidad de este plan. En el ‘avanzado’ la práctica totalidad de las materias se imparten en valenciano, y los alumnos reciben también más horas de inglés. El básico cuenta con más horas en castellano.