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Interior oculta el coste de ‘blindar’ el casoplón de Iglesias: «Es la función de las Fuerzas de Seguridad»

casoplón Iglesias
Coches de la Guardia Civil en la casa de Pablo Iglesias en Galapagar
Luz Sela
  • Luz Sela
  • Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.

El Gobierno no sólo blinda como «secreto de Estado» el dispositivo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplegado para proteger el chalet de Pablo Iglesias e Irene Montero en Galapagar (Madrid). También se niega a facilitar el coste de dicho operativo.

El Ministerio del Interior, en una respuesta remitida a través del Portal de Transparencia, justifica que, de acuerdo a la Ley, entre las «funciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado» está «velar por la protección y seguridad de altas personalidades».

Es por ello, añade, «que la seguridad del domicilio del vicepresidente Segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, así como de la ministra de Igualdad, en el municipio de Galapagar (Madrid), es un servicio que no se cuantifica económicamente de forma separada, por lo que no se dispone de la información que solicita».

En la pregunta se solicitaba concretamente información sobre el «dispositivo de Guardia Civil desplegado para la vigilancia de la vivienda de los Ministros Pablo Iglesias e Irene Montero en Galapagar. Número de efectivos y coste aproximado».

Como ya se hizo público, el Gobierno considera que el dispositivo en cuestión está amparado por la Ley de Secretos Oficiales y, por tanto, se niega a facilitar dicha información. Esa excusa se utilizó también, como reveló OKDIARIO, para ocultar datos al Congreso sobre dicho dispositivo, a preguntas del Grupo Parlamentario Vox.

En las preguntas se pedía, en concreto, conocer el despliegue en plena crisis pandémica, cuando tuvieron lugar distintas concentraciones de protesta con caceroladas ante la vivienda de los líderes de Podemos. La Guardia Civil llegó a cortar el acceso de los vecinos a la vía, pública y de libre circulación, en la que se ubica el domicilio, obligándoles a desviarse por un camino de tierra.

En la pregunta, Vox solicitaba información sobre «quién requirió ese despliegue policial no habitual» -que, como informó OKDIARIO, fue una orden directa del ministro Grande-Marlaska- así como «los motivos del tal despliegue» y «con cuántos agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil cuenta la seguridad del vicepresidente Pablo Iglesias y la ministra Irene Montero de manera habitual».

La seguridad en torno a la vivienda de Iglesias y Montero está siempre en el centro de la polémica. Recientemente, por ejemplo, se supo que la Guardia Civil había sido relevada por la Policía en la custodia del chalé, según adelantó elDiario.es.

El motivo de este cambio súbito es la pérdida de confianza de Iglesias y Montero en el Instituto Armado después de que el domingo 12 de julio, en plena noche electoral, una persona se encaramase a la valla del casoplón y grabara a la pareja y un colaborador del partido mientras seguían la hecatombe electoral de Podemos en Galicia y el País Vasco.

Pese a ello, la pasada semana se recurrió de nuevo a la Guardia Civil para blindar la vivienda de las protestas de un grupo de vecinos con pancartas de ‘SIM, se puede’, una versión del popular lema podemita adaptada a la crisis que actualmente vive el partido por el caso del supuesto robo de la ex asesora, Dina Bousselham.

Un fortín

El Ministerio del Interior ha convertido el chalet de Iglesias y Montero en todo un fortín. Mientras el número de efectivos destinados a la protección de Iglesias-Montero ha ido en aumento, también crece la inseguridad ciudadana en los municipios afectados por la reestructuración de las funciones de la Guardia Civil, según denuncian las asociaciones.

La Guardia Civil, como informó OKDIARIO, llegó además a emitir una orden de servicio a los agentes encargados de la vigilancia de la vivienda en la que se les exigía que evitasen «realizar corrillos, así como elevar el tono de voz o causar molestias innecesarias a las autoridades residentes y demás vecinos próximos».

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