El nuevo Govern prevé un ejército de voluntarios en las redes sociales para replicar al Ejecutivo
El futuro Govern prevé la creación de un ejército de voluntarios en las redes sociales que se dediquen a impulsar la creación de una República catalana y contrarrestar otros mensajes, como los del Gobierno central.
Se trata de una de las nuevas estrategias del independentismo, y recogida en la hoja de ruta pactada entre JxCAT y ERC, que avanza en la creación de una República ‘digital’, uno de los objetivos de Carles Puigdemont, como ya avanzó OKDIARIO.
Aunque el secesionismo ya ha demostrado disponer de una movilización notable en las redes sociales, ahora pretenden darle un perfil oficial incluyéndolo entre las medidas a tomar por el nuevo gobierno e impulsando «el voluntariado digital organizado». Una nueva estrategia de la comunicación política al servicio de la creación de la República catalana, la prioridad de la nueva legislatura.
La creación de esa República digital conllevará, según los planes del independentismo, una «ciudadanía digital catalana», con moneda digital, y ciudadanos «apoderados tecnológicamente para que puedan decidir qué país y qué sociedad quieren».
Ya en el programa de Junts per Catalunya para el 21-D se dedicaba un apartado en exclusiva a este concepto -lo que denominan ‘E-Estat’– cuya finalidad sería desarrollar una administración paralela ‘en la nube’, que sirva a loso fines independentistas.
“La principal fuerza del proceso de construcción de un nuevo ‘Estado digital’ también es la gente, y eso implica que hemos de apostar por alcanzar lo antes posible una ciudadanía digital plena”, detallaba aquel documento.
El objetivo sería desarrollar la ‘primera República nativa digital, la E-República, una nación digital e inteligente de referencia internacional” mediante, añade, «una propuesta innovadora de República Digital del siglo XXI, que rehuya del viejo concepto de Estado analógico del siglo pasado».
El equipo de Puigdemont propone, por ejemplo, que cada ciudadano tenga una “identidad digital catalana autogestionada” y más participación en las “políticas territoriales, económicas y sociales” mediante la extensión del voto electrónico en la toma de decisiones. Además, pretenden “promover la creación de un voluntariado digital organizado para hacer ‘República’ desde la sociedad civil’, asumiendo, también, que uno de los grandes retos para esa nueva administración será el de la ‘ciberseguridad’.
Esa nueva administración virtual, consideran, les permitirá disponer de un control pleno sobre los datos de los catalanes, una cuestión que adquiere especial relevancia tras la polémica por el posible uso ilegal del censo durante el referéndum del 1 de octubre.
En el acuerdo, de hecho, se propone «trabajar por una Cataluña tecnológicamente ética y soberana en la gestión de los datos de los ciudadanos fomentando los formatos abiertos para que el conocimiento pueda compartirse», lo que genera suspicacias en las garantías sobre la protección de datos de los catalanes.
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