Los ‘nietos del exilio’ con derecho a voto que regresen a España cobrarán hasta 7.600 € si son «vulnerables»
El Gobierno de Sánchez quiere recuperar esta asignación tras paralizarse en el año 2020
El Ejecutivo prevé conceder hasta 8 millones de euros en ayudas públicas para este colectivo
El Gobierno de Pedro Sánchez prevé un presupuesto de 8 millones de euros para una nueva ayuda -de 4.000 a 7.600 euros- destinada a españoles en el exterior, entre ellos los conocidos como nietos del exilio, que quieran regresar a España y se encuentren en situación de «vulnerabilidad económica».
Una asignación directa que el Ejecutivo socialcomunista quiere recuperar tras paralizarse en 2020 y de la que podrán beneficiarse los nietos de exiliados o descendientes de emigrantes ya nacionalizados y con derecho a voto, conforme a la ley de Memoria Democrática de 2022.
El detalle de esta nueva ayuda aparece recogido en la memoria del análisis de impacto normativo -a la que ha accedido OKDIARIO- del proyecto de Reglamento de desarrollo de la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, que el Gobierno está perfilando y pretende aprobar mediante real decreto.
Precisamente, el pasado miércoles, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, anunció la remisión de este Reglamento de Ciudadanía Española en el Exterior al Consejo de Estado para proseguir con su tramitación. Así lo comunicó en la clausura del V Pleno del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE).
En el texto de dicha memoria, el Gobierno explica cómo planea la «creación de nuevas ayudas para el retorno de personas de nacionalidad española de origen en situación de vulnerabilidad económica». El Ejecutivo señala que su pretensión es cubrir la asistencia de una ayuda similar que dejó de otorgar en 2020. El último ejercicio con ejecución data de 2019, con un presupuesto de 798.285 euros, cuando se abonó una media de 930,40 euros por ayuda para 858 beneficiarios (entre 1.644 peticiones recibidas).
El Ministerio de Migraciones apunta que «las solicitudes presentadas en 2020 fueron denegadas a lo largo de ese ejercicio y durante 2021 por falta de dotación presupuestaria». Los años siguientes tampoco se concedieron.
Ahora, el Gobierno ha fijado un «presupuesto estimado inicial» de 8.084.255,76 euros. «En el cálculo del impacto presupuestario de estas ayudas no se puede obviar el efecto de la finalización del período establecido en la disposición adicional octava de la Ley de la Memoria Democrática, que ha supuesto en muchos países la existencia de numerosos procesos de acceso a la nacionalidad española de origen pendientes, que supondrán un incremento acusado de nuevas inscripciones consulares en los próximos años y que, en el caso de los países en situación de mayor vulnerabilidad social y tradición de retorno a España, supondrán nuevos retornos», subraya el Ejecutivo.
Sobre estos países, la misma memoria concreta que, con anterioridad, la mayor parte de estas ayudas se concedían a personas retornadas de Venezuela y Cuba, dos regímenes latinoamericanos donde se extiende la pobreza como consecuencia de sus dictaduras.
La nueva asignación, una vez concedida a estas personas con derecho a voto para unas elecciones generales en España, puede variar desde un mínimo de 4.000 euros, en caso de ser un único beneficiario, hasta un máximo de 7.600 euros, en función del tamaño de la unidad familiar.
«Dado que se desconoce y no se puede prever la composición de las unidades familiares de las personas retornadas españolas de origen, para la estimación del impacto presupuestario se toma un importe promedio de concesión, calculado a partir de los cuatro tramos posibles de concesión. Esta cuantía promedio es de 5.800 euros», dice el Gobierno en su estimación.
Y añade: «Aplicando el importe promedio de concesión de 5.800 euros a la previsión de 1.394 solicitudes concedidas en un año, se estima la necesidad de un presupuesto anual de 8.084.255,76 euros para estas nuevas ayudas». En comparación con la dotación que había en el programa anterior -el que quedó paralizado en 2020-, el Gobierno multiplicará ahora por diez (esto es, un incremento de más de un 900%) el importe de estas asignaciones tras la entrada en vigor de la ley de Memoria Democrática de 2022.
Incremento del 62,4%
En términos de número de beneficiarios, los de la anterior ayuda se elevaron a 858 en 2019 (con una media de 930,40 euros por ayuda), mientras que la previsión de la Secretaría de Estado de Migraciones eleva ahora la cifra a «1.394 solicitudes» (casi 1.400 peticiones) que serán «aceptadas» al año, de un total de 2.163 presentadas. Se trata, por tanto, de un incremento del 62,4%.
No obstante, estos eran los datos contemplados para el ejercicio de 2026, por lo que la cifra de 8 millones (calculada por el Gobierno con sólo medio millón de solicitudes de nacionalización por la vía de la ley de nietos del exilio) podría aumentar a partir de una actualización de estas cifras.
De hecho, el Ejecutivo habla de casi 2,5 millones de solicitudes al cierre del plazo (medio millón ya aprobadas). Por su parte, los partidos de la oposición están criticando esta aplicación de la ley de Memoria Democrática de 2022 por suponer un «reemplazo electoral».
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